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El diario de investigación, Crónica Libre, ha constatado que esos documentos contenían información falsa, manipulada u
omitían convenientemente datos por orden directa de Villarejo.
· La investigación ha detectado a algunos de
esos agentes tras meses de análisis de las agendas, documentos y audios del comisario Villarejo y al hablar con algunas de sus víctimas, fuentes policiales y de la fiscalía.
Esta redacción se ha venido haciendo eco, desde hace ya varios años, de las múltiples informaciones que han publicado los medios de comunicación sobre el importantísimo papel que desempeñó el comisario en la operación Astapa; sus vinculaciones con el ex alcalde socialista del municipio, David Valadez, y sus intereses en el urbanismo de nuestra localidad, donde se encuentra la mayor parte de su enorme patrimonio. Pero es que además la participación del comisario en este caso no sólo está probada documentalmente y sustentada en las numerosas grabaciones de audio que han salido a la luz, sino que fue confirmada
por el propio Villarejo varias veces, la última incluso en el Congreso de los Diputados.
Pues bien, hace un par de días días ha sido un nuevo Diario de investigación, Crónica Libre, el que ha informado que los comisarios José Luis Olivera, José Manuel Villarejo y otros altos jefes de la UDEF contaron con un grupo de policías para hacer informes falsos; y que esos policías siguen aún en la UDEF. El diario indica sobre esta cuestión que esos
informes falsos de la UDEF se utilizaron en numerosos casos y asuntos, entre los que señala el caso Parqué, el caso Sandro Rosell, el caso de Pérez Dolset, el caso Pujol, el caso Podemos, el caso Astapa, etc. Pero es que además este nuevo diario de investigación ha revelado el nombre de algunos de esos policías tras meses de análisis de las agendas, documentos y audios del comisario Villarejo y al hablar con algunas de sus víctimas, fuentes policiales y de la fiscalía.
Entre los agentes citados figuran el inspector Miguel Ángel Cuevas y la inspectora Silvia Orna, autores de la mayoría de los informes policiales del caso Astapa.
A este especto, el diario Crónica Libre cita el caso Astapa como uno de los procesos en los que se utilizó ese “modus operandi”—la realización de informes policiales falsos—. Así, el diario indica que en el año 2008 saltó el citado caso, un tema de urbanismo que presuntamente afectaba al entonces alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, que fue denunciado por uno de sus concejales, David Valadez, que estaba compinchado con el comisario Villarejo a través del hermano del policía, el cura de Estepona, Pedro Villarejo. “Casualmente”, más tarde el denunciante fue nombrado alcalde y entonces contrató como gerente de urbanismo a otro miembro del grupo de negocios del multimillonario comisario (Diego de Lucas Villarrubia). Ya con Valadez en la alcaldía, Villarejo consiguió licencias urbanísticas para sus propias inversiones que Barrientos le había negado, pero el objetivo de Villarejo y Olivera no se quedaba en minucias. Los policías disparaban al entonces ministro de Defensa José Bono y a una presunta financiación ilegal del PSOE, que llegó a publicarse en la revista Interviú por el también socio del comisario, Daniel Montero. Aunque la información decía que la UDEF investigaba a Bono por su relación con Barrientos, lo cierto es que para el ex-ministro ese fue un encargo de la ex-secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal y su esposo, Ignacio López del Hierro. Asimismo, en un audio
entregado por uno de los empresarios imputados en Astapa al juzgado de
instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, se puede escuchar como el comisario José Luis Olivera llama durante una comida a su mano derecha en la UDEF, José Manuel Álvarez Luna, para que dé la orden a sus subordinados, los inspectores Miguel Ángel Cuevas con nº de carné 78.777 y Silvia Orna, con nº de carné 89.169, y cambien uno de los informes que afectaba a un administrador de fincas con quien iban a hacer negocios.
Pero es que además, en lo que se refiere al inspector, Miguel Ángel Cuevas, resulta muy revelador que los casos Pujol y Astapa estuviesen vinculados con el despacho de Villarejo y el citado inspector de la UDEF, y que el “modus operandi” utilizado en ambos casos fuese el mismo, ya que los testigos captados por el comisario Villarejo en esos dos procedimientos—sin ningún tipo de control judicial—terminaron yendo
a la sede de la UDEF en Madrid y tuvieron como receptor a ese inspector. Así, a ese agente acudieron, en el caso Pujol, Victoria Álvarez, ex-pareja de Jordi Pujol Ferrusola, y Javier de la Rosa, acompañados por el socio del comisario Villarejo, Rafael Redondo. Y en el caso Astapa, acudieron los denunciantes, David Valadez y Cristina Rodríguez. A este respecto, resulta muy significativo que ambos se trasladaran a más de 600 KM de distancia para poner su denuncia, cuando en Estepona existían varios juzgados, además de una Comisaría de la Policía Nacional, una Casa Cuartel de la Guardia Civil y una Comisaría de la Policía Municipal, o cuando existía una Fiscalía Anticorrupción en Málaga. Pero es que ese inspector, además de ser el receptor de la denuncia, fue el autor de 13 de los 14 primeros informes policiales sobre el caso Astapa. Entre ellos, del informe policial nº 27.300, del 27/03/07, que propició el inicio de ese procedimiento, y en el que citado inspector se limitó a copiar y pegar lo que le dijeron los denunciantes, sin comprobar si lo que le dijeron era cierto o no, o si había alguna irregularidad en ello, como exige en estos casos la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Así, solo por citar un ejemplo, el inspector copiando y pegando lo que le dijeron los denunciantes, indicaba en su informe que en el Ayuntamiento de Estepona había infravaloración de los convenios urbanísticos, basándose para ello en un informe realizado por la empresa Codelsa, cuando esa empresa ni se dedicaba, ni se dedica, a la realización de tasaciones o valoraciones. Pero es que además, en diez de los trece informes que realizó, incluyó lo que él mismo denominó como “otras informaciones aportadas por los denunciantes”. Pero lo que no indicó el inspector fue cómo, dónde y cuándo se aportaron esas otras informaciones; si se
hicieron por escrito o verbalmente; quién fue el receptor; y por qué no se
levantaron las pertinentes actas de esas supuestas comparecencias donde los denunciantes las aportaron, ya que esas actas no se encuentran en las actuaciones. Y a mayor razón, varios audios incorporados al caso Tándem han confirmado que ese inspector se reunió de manera irregular con varios investigados a instancias de Villarejo y a espaldas del juez instructor; suministró
a Villarejo información que estaba bajo secreto sobre personas investigadas con las que el comisario compartía intereses y negocios y a las que Villarejo trasladaría posteriormente esa información; tuvo
durante años pinchados los teléfonos de las personas investigadas—atentando así contra sus Derechos Fundamentales—sin tener la necesaria e imprescindible autorización judicial, algo inadmisible en un estado de derecho; se reunió numerosas veces en secreto con el primero denunciante y después alcalde, David Valadez—sin levantar acta de esas reuniones, como era preceptivo, ya que de ninguna de ellas hay constancia en el sumario—e incluso llegó a reunirse hasta con la mujer de Valadez—una periodista de la Cadena Ser— algo totalmente inaudito.
Igualmente, se constata en los audios que la confianza entre el denunciante y el inspector de la UDEF debió ser tan estrecha, que en
una de sus múltiples reuniones, Valadez tuvo acceso al sumario de Gürtel,
cuando el mismo estaba bajo secreto; y para colmo de los colmos, en los audios se confirma también que el agente se encargaba de hacerle gestiones hasta en la misma Fiscalía, algo absolutamente insólito, etc.
Por otra parte, en cuanto a la inspectora Silvia Orna, resulta muy revelador que fuese ella la agente escogida para acompañar al jefe de gabinete del número 2 de la Policía, José Ángel Fuentes Gago, a Estados Unidos y recoger parte de la información con la que se hizo el falso informe de la UDEF contra Podemos. Además, esta inspectora realizó más de 40 informes sobre el caso Astapa, algunos de ellos incluso después de su viaje a EEUU; y lo mismo que hizo el anterior inspector, incluyó en algunos de esos informes lo que también denominó como “otras informaciones aportadas por los denunciantes”, pero no indicó
dónde y cuándo se aportaron; ni quién fue el receptor, como era preceptivo. Igualmente, esa inspectora fue la responsable del volcado de todas las llamadas telefónicas de ese caso, realizado en el año 2012, sin el preceptivo control judicial, como había ordenado el juez instructor en aquellas fechas, D. Jesús Torres, tras romperse “casualmente” el disco duro; y fue también la que incorporó a esta causa, “motu proprio”, sin que hubiese sido requerido por el juez, las declaraciones de un testigo que apareció de la nada, con el baladí argumento de que “lo consideró oportuno”, colaborando así con Villarejo en la creación de una falsa prueba testifical. El testigo era el empresario Juan Carlos Escribano, detenido en la operación Tándem, por ser el hombre que usó Villarejo para blanquear 20 millones de euros en Estepona. Asimismo, varios audios incorporados al caso Tándem, han revelado que esta inspectora también cometió otras gravísimas ilegalidades e irregularidades en este proceso. Así, se reunió de manera irregular con varios investigados a instancias de Villarejo y a espaldas del juez instructor; ayudó a la desimputación de un abogado, socio y amigo del comisario, siguiendo instrucciones de Olivera y Villarejo; etc. etc.