- Ahora se confirma que la denuncia se gestó durante casi un año en la sede central de la UDEF en Madrid, con quienes luego serían los investigadores del caso.
- Valadez y el agente de la UDEF—Miguel Ángel Cuevas Berlinches—pergeñaron la denuncia intercambiando “cientos” de emails entre marzo y noviembre del 2006.
- Recibir asesoramiento de un policía frente al que se va a interponer una denuncia está prohibido, al igual que intercambiar o investigar una causa antes de que la denuncia esté presentada.
Como bien saben nuestros lectores, esta redacción se ha venido haciendo eco de las numerosas informaciones que se han publicado sobre la participación del comisario Villarejo en la operación Astapa; sus vinculaciones con el ex alcalde socialista del municipio, David Valadez, y sus intereses en el urbanismo de nuestra localidad, donde se encuentra la mayor parte de su enorme patrimonio.
Pues bien, si hace unas semanas Diario de investigación, Crónica Libre, revelaba que la policía judicial (UDEF), la Fiscalía y un juzgado de Estepona iniciaron la operación Astapa basándose en un informe de la empresa Codelsa sobre convenios urbanísticos que nunca se realizó, ni existe, ni está en el procedimiento; ahora, por si fuera poco, ese Diario revela también que los comisarios Olivera, Villarejo y la UDEF iniciaron la investigación de este caso, con la colaboración de Valadez, de manera ilegal.
Sobre esta cuestión, según indica el Diario Crónica Libre, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga, dictó un Auto el 23 de febrero, tras las cuestiones previas planteadas por las defensas, en la que los tres magistrados que componen el Tribunal llegaron a la misma conclusión: que los documentos utilizados por el denunciante David Valádez, que acabó siendo alcalde tras la intervención de la UDEF, no llegaban a informe y se quedaban en unos meros papeles, sin fecha y sin firma, que no conformaban prueba alguna. Y eso a pesar de que fueron material fundamental para la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, que tenía de jefe al comisario José Luis Olivera, compadre y socio del comisario Villarejo. Explican los magistrados, como ejemplo, que en uno de los convenios para la construcción de un gran centro comercial, los denunciantes estimaban un perjuicio de más de 34 millones de euros para el Ayuntamiento, cuando para el perito judicial no existía ninguno. A este respecto afirman los magistrados: “De hecho, podemos intuir que esta valoración no se la creyeron ni siquiera los propios denunciantes».
Las investigaciones de la UDEF, en duda
También confirma el Tribunal que la UDEF no realizó ninguna investigación y que se limitó a copiar y pegar los hechos que relataba Valadez y la otra denunciante. Así, los magistrados exponen en el Auto que: “Este Tribunal estima que no puede llegar a otra conclusión que no sea la de afirmar, tal y como ha quedado ya dicho, que todo lo que se expone en el informe policial se basa en manifestaciones de los denunciantes, en cuanto que ningún soporte documental, ni de otro tipo, se acompañó al propio informe”. Y añade: “El informe policial contiene afirmaciones que parecen presentarse como fruto de una investigación policial al margen de la denuncia, con la finalidad de confirmar su veracidad, pero lo cierto es que no se aporta documento alguno”
La UDEF preparó la denuncia con Valadez
Pero es que además, sobre todo este asunto, hace unos días declaró como testigo el denunciante y posterior alcalde de Estepona, David Valadez, tras la detención de Antonio Barrientos. Ambos eran miembros del PSOE. Y la declaración ha arrojado nueva luz y escándalo sobre esta causa, presuntamente creada al alimón por los comisarios Villarejo y Olivera, la UDEF y los fiscales Juan Carlos López Caballero y Valentín Bueno.
A preguntas de la abogada de Barrientos, Valadez explicó con todo lujo de detalles como conoció en enero o febrero de 2006 al comisario José Luis Olivera, en ese momento jefe de la UDEF, en un hotel de Marbella. Exactamente, diez meses antes de interponer la denuncia ante los subordinados del propio Olivera en Madrid, el 16/11/2006. El encuentro fue propiciado, según declaró el denunciante, a través del comisario Florentino Villabona, en ese momento destinado en Estepona.
Valadez también fue preguntado si había tenido contacto con algún otro policía del UDEF, además de con el jefe Olivera, antes de interponer la denuncia. Con desparpajo y sin ninguna vergüenza, respondió que sí, que Olivera lo puso en contacto con el policía nº de placa 78.777, de nombre Miguel Ángel Cuevas Berlinches, y que con el mismo había intercambiado “cientos” de emails, entre marzo y noviembre de 2006. Así, con esa declaración, el propio Valadez estaba reconociendo en la Sala de la Audiencia Provincial, unos hechos prohibidos por la ley, porque recibir asesoramiento de un policía frente al que se va a interponer una denuncia está prohibido, al igual que también lo está intercambiar o investigar una causa antes de que la denuncia esté presentada.
Igualmente, cualquier interacción de un policía con respecto a un posible caso, toma de declaración o denuncia, requiere el levantamiento del correspondiente atestado policial, debidamente firmado por dos policías que deben hacer de instructor y secretario. Sobra decir que ninguno de esos “cientos de emails” que Valadez acabó rebajando a “decenas de emails”, constan en la causa, ni tampoco fueron entregados al juzgado, según confirmó la inspectora de la UDEF, Silvia Orna Martin, (nº de placa 89.169) cuando declaró como testigo, unos días después de que lo hiciera Valadez, en la Audiencia Provincial de Málaga.