Hace unos días conocíamos que Valadez ha sido imputado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Estepona, a cargo del cual está curiosamente la juez Isabel Conejo- la primera instructora del caso Astapa – que lo ha citado para declarar el próximo día 26 de Noviembre, por un presunto delito societario y por otro de falsedad -recogidos en los artículos 292 y 390 del Código Penal-. La imputación de Valadez se ha producido como consecuencia de la querella criminal presentada contra él por el ex-tesorero del Ayuntamiento de Estepona.
Pero no es la primera vez que Valadez es imputado por los tribunales de Justicia desde que es alcalde. Hace aproximadamente un año que Valadez fue imputado también por prevaricación urbanística y omisión del deber de perseguir delitos, en ese caso por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Estepona. El regidor fue imputado, junto con varias personas, por la construcción de una vivienda ilegal en terreno protegido por parte de su jefe de alcaldía, Luciano Sánchez.
También el propio Juzgado nº 5 de Estepona, abrió diligencias penales hace unos meses contra Cristina Rodríguez, por presuntos delitos contra la Administración Pública, ante la denuncia presentada por la Plataforma Vecinal de Estepona. La denuncia se presentó contra la edil socialista del Ayuntamiento de Estepona, después de que el 21 de julio del año 2009, el Pleno de la Corporación acordara por mayoría la supresión de varias plazas del organigrama municipal, entre las que se encontraba la del Sr. Fernández Gago, que ocupaba un puesto de confianza política. El acuerdo plenario fue reiteradamente incumplido por la citada concejala ya que el Sr. Fernández Gago continúa desarrollando sus funciones así como percibiendo sus emolumentos a costa del erario público. Estos honorarios ascendían a más 70.000 euros anuales, sin que Cristina Rodríguez, responsable del Área de Personal, haya llevado a cabo actuación alguna relativa a la supresión real y efectiva de esa plaza permitiendo que ese señor esté cobrando de las arcas públicas, no ya sólo su sueldo, sino incluso productividades adicionales, que sólo en lo que va de año, y según la UGT, ascienden a 20.000 euros.
Pero es que además Cristina Rodríguez se ha visto envuelta también en otras presuntas irregularidades, según ha trascendido a la opinión pública. Así está pendiente de resolución tanto el expediente que le abrió el Departamento de Disciplina Urbanística por construir un ático ilegal en su vivienda de VPO de Cancelada, como la investigación que se inició, por acuerdo mayoritario del pleno de la corporación, para comprobar si ingresó irregularmente 120.000 euros de las arcas públicas cobrando ilegalmente la dedicación exclusiva.
Resulta paradójico que tanto Valadez como Cristina Rodríguez, que fueron los denunciantes del caso Astapa y que se presentaron ante la opinión pública como los paladines de la transparencia y del respeto a la legalidad, se enfrenten hoy, tan solo dos años y medio después de dirigir el gobierno municipal, con estos varapalos judiciales que ponen en evidencia el poco respeto de ambos a la legalidad vigente.
Como en la famosa novela de Quevedo «el alguacil alguacilado», los ciudadanos comprobamos atónitos como en el teatro de la vida los papeles a veces se cambian y los críticos son al final los criticados.
