Una providencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona ha dado vía libre a la Guardia Civil para que realice “las gestiones oportunas” que esclarezcan cómo fueron contratadas dos empresas relacionadas con la alcaldesa del Ayuntamiento de Manilva, Antonia Muñoz (IU). El juzgado ha tomado esta decisión después de que la juez haya requerido hasta en tres ocasiones la documentación necesaria que aclarase si estas contrataciones habían sido realizadas de forma legal. Sin embargo, hasta el momento “sólo se ha obtenido el silencio de la política obstruccionista que está llevando a cabo el equipo de Gobierno”, según ha indicado el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Manilva, Francisco Miguel Álvarez.
En concreto se trata de la contratación de Excavaciones Salvador González Vázquez, cuyo propietario es familiar de la regidora, y Muebles y Decoración Valentín SL, siendo la alcaldesa la administradora de esta última, y que facturaron durante cuatro años 600.000 y 170.000 euros, respectivamente.
Asimismo, el auto insta al Ayuntamiento de Manilva a que certifique el procedimiento de contratación de estas dos compañías, así como que demuestren el importe de las facturas y si contaban o no con consignación presupuestaria e informe favorable del interventor.
Además, el secretario junto con la interventora, ya en un informe a requerimiento de la juez, certificaron que estas contrataciones “eran ilegales, que no tenían consignación presupuestaria y que no contaban con el informe favorable y los requisitos de publicidad necesarios”.
“La alcaldesa no puede continuar jugando con el dinero y los intereses de los manilveños en su propio beneficio y en el de sus familiares y amigos”, ha concretado Álvarez a la vez que ha recordado que en este procedimiento está personado el Partido Popular.
