Desde hace tiempo los ciudadanos de Estepona contemplamos atónitos, como todos los meses, Valadez y su mano derecha, Cristina Rodríguez, pagan productividades o sobresueldos millonarios, a pesar de la grave situación por la que atraviesan las arcas municipales y a pesar de las continuas y reiteradas denuncias de los sindicatos CSIF, ATAE y UGT.
Desde esta redacción hemos defendido siempre la legalidad de las productividades, porque así lo contempla la normativa vigente. Pero no es lo mismo pagar productividades en tiempos de bonanza que en tiempos de grave crisis. Por lo tanto, cuando hay en Estepona 9.128 personas paradas, cuando existen enormes dificultades para pagar las nóminas de los empleados a finales de cada mes, cuando se subieron los impuestos provocando que 6.000 ciudadanos se manifestaran contra la política fiscal del alcalde, cuando se le deben casi dos años de sueldo a la Banda Municipal de Música, cuando Estepona ha sido el hazmerreír nacional por no tener dinero para pagar el papel higiénico de los colegios o la gasolina de los vehículos de la policía local, el pago de estos sobresueldos nos parece cuanto menos inmoral.
Pero lo más paradójico de este asunto es que tanto Valadez como Cristina Rodríguez, conocedores ambos de la legalidad de estos pagos, por las responsabilidades que habían tenido en la Delegación de Personal, denunciaron las productividades abonadas por el gobierno anterior, cuando ellos formaban parte importante del mismo o cuando ellos mismos, en más de una ocasión, las habían propuesto. Esta denuncia sobre las productividades, que fue realizada ante la fiscalía y figura en el sumario del caso Astapa, está recogida tanto en el informe policial como en el auto de la jueza instructora del caso, y fue una de las razones que motivaron la intervención de los teléfonos de los encausados.
Si esto pone al descubierto la catadura moral de los denunciantes, más grave es aún que Valadez y Cristina Rodríguez hayan pagado productividades no sólo a los propios funcionarios que denunciaron, sino al personal de confianza política e incluso las hayan pagado por trabajos no realizados, como ha denunciado la Asociación de Técnicos del Ayuntamiento- ATAE-, que impugnó el pago de las mismas. Y esto ya no es sólo inmoral, sino también ilegal. Tanto es así, que según ha trascendido a la opinión pública recientemente, un concejal de la oposición ha presentado una denuncia sobre esta cuestión en uno de los juzgados de Estepona.
Si la denuncia prospera y al final el regidor es imputado por tercera vez, Valadez y su entramado mediático intentará “vendernos la burra” de que la culpa es de los demás, o de que todo se debe a que sus enemigos políticos quieren acabar con él, cuando es él el único responsable de la situación, por creer que tiene patente de corso y puede saltarse la ley cada vez que le venga en gana.
