El Consejo de Gobierno ha aprobado la reordenación del sector público de la Junta de Andalucía, que supondrá un ahorro total de más de 100 millones de euros hasta 2013, así como la desaparición de 111 entidades instrumentales y la modificación o transformación de otras 16.
Esta decisión, plasmada en un plan y en un Decreto-ley de medidas urgentes, se adopta con los objetivos de contribuir a la reducción del déficit y a la recuperación económica, mejorar la eficacia del sistema y simplificar sus estructuras periféricas. De igual modo, forma parte de las iniciativas recientemente acordadas por la Administración central y las comunidades autónomas para contener el gasto y rebajar el déficit.
Se trata, ha indicado Martínez Aguayo, de un "ejercicio responsable de gobernanza" para cumplir con los objetivos marcados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, orientado a un sector público "más sólido y eficaz" con capacidad de contribuir "en el corto y medio plazo a la "recuperación económica y, en el largo, a la consolidación de un nuevo modelo de crecimiento de la economía andaluza basado en la innovación y la sosteniblidad".
Además, la consejera de Hacienda ha destacado que el domumento incide en la "estricta reordenación de las estructuras", con objeto de optimizar "las nuevas fórmulas organizativas, asentando el empleo público", un elemento, a su juicio, "importante en la consolidación fiscal". "Se opta por un modelo público de prestación de servicios, rechazando otros modelos liberalizadores, y aplicando los planteamientos que la Ley de la Aministración de la Junta de Andalucía (LAJA) nos permite".
La reorganización de las empresas públicas, que no afectará a la prestación de los servicios ni al empleo, se llevará a cabo en una primera fase mediante diversos procesos de transformación, absorción, fusión y extinción. Asimismo, irá acompañada de adaptaciones de la legislación autonómica a los cambios producidos en la normativa básica estatal (especialmente la relacionada con contratos y empleo público) para ajustar la tipología de las agencias y entidades instrumentales a las nuevas necesidades de optimización de los recursos humanos, agilización de servicios y simplificación administrativa.
A esta medidas, y en gran parte como consecuencia de la supresión del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), el Decreto-ley añade otro conjunto de disposiciones para revalorizar y dinamizar el patrimonio agrario de la comunidad, actualmente infrautilizado en algunos casos, y ponerlo al servicio de la reactivación económica del sector.
Para ello se prevé un proceso de enajenación de las tierras propiedad del IARA, con la consiguiente oportunidad de acceso a la propiedad para los actuales concesionarios que no tienen este derecho. Asimismo, se dispone la extinción de las 127 Cámaras Agrarias de Andalucía y el traspaso de sus bienes, preferentemente a las organizaciones profesionales más representativas de la comunidad.
La reordenación del sector público en este ámbito se completa con la creación de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, entidad de régimen especial que sustituirá a la actual Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero (DAPSA), que absorberá parte de los medios del IARA.
En lo referido a infraestructuras, se unifican Giasa y Ferrocarriles de la Junta de Andalucía dando lugar a la Agencia de la Obra Pública de Andalucía cuyos fines generales serán el desarrollo de proyectos de infraestructuras viarias, ferrocarriles y otros equipamientos públicos. Esta nueva organización permitirá avanzar en la especialización de la contratación de la obra pública y su desarrollo mediante modelos de colaboración público-privada.
Junto con estas medidas, el plan prevé también la creación de una entidad de gestión única para las plataformas logísticas de la comunidad. Nace así la Red Logística de Andalucía, SA, por fusión de los Centros de Transportes de Mercancías de Málaga y Sevilla, la Zona de Actividades Logísticas de Algeciras y el Parque Logístico de Córdoba. A esta entidad se irán incorporando las áreas logísticas que se creen en el futuro.
Universidades
En los ámbitos universitario y de I+D+i, la principal novedad es la creación de la Agencia Andaluza del Conocimiento por la transformación de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria. La nueva entidad absorbe a la Sociedad para el Impulso del Talento (Talentia, SLU) y al Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de Andalucía, SAU.
Por su parte, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) absorbe a Fomento, Asistencia y Gestión Integral de Andalucía, SA (FAGIA). Además, se dispone la extinción por liquidación de las sociedades Linares Fibras Industriales, SAU, Incubadora de Emprendedores de Andalucía, SLU, y Fomento Empresarial, SA.
El Servicio Andaluz de Empleo pasa a configurarse como agencia de régimen especial, con absorción de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo. Asimismo, está prevista la extinción, por una comisión liquidadora, de los 95 consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico (UTDLT). El resultante de esta liquidación será objeto de traspaso, preferentemente al Servicio Andaluz de Empleo.
En materia de salud, la principal decisión adoptada es la designación de la Agencia Pública Empresarial Hospital Costa del Sol como cabecera del grupo integrado por las agencias públicas sanitarias Bajo Guadalquivir, Hospital Alto Guadalquivir y Poniente de Almería.
La reordenación del sector público sanitario andaluz se completa con la extinción de tres fundaciones: Hospital Reina Sofía-Cajasur, por absorción en la nueva Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba (Fibico); Hospital Clínico, por absorción en la Fundación Pública Andaluza para la Investigación Biosanitaria en Andalucía Oriental "Alejandro Otero" (Fibao), y Fundación Valme, por absorción en la nueva Fundación Pública Andaluza para la Investigación en Salud en Sevilla (Fisevi). Esta última entidad absorberá también a la Fundación Reina Mercedes.
En el capítulo de Servicios Sociales, se crea la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, fruto de la transformación de la Agencia para la Atención a la Dependencia. La nueva entidad absorbe a la Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FAAS) y a la Fundación Andaluza para la Atención a las Drogodependencias (FADAIS).
En el ámbito de la cultura, se crea la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por transformación del Instituto Andaluz de las Artes y las Letras, mientras que las medidas relacionadas con el medio ambiente y el agua suponen la extinción de la Agencia Andaluza del Agua y de la Empresa de Gestión Medioambiental, SA, que quedan integradas en la nueva Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
Turismo y Deporte
La reorganización del sector público andaluz se completa, finalmente, con la fusión de las actuales empresas Turismo Andaluz, SA, y Deporte Andaluz, SA. Esta medida, plasmada en un acuerdo específico que también ha aprobado el Consejo de Gobierno, da como resultado la creación de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía SA, adscrita a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
La nueva entidad, que nace con un capital social de 11,03 millones de euros, mejorará la eficiencia de las empresas fusionadas al generar sinergias en aspectos como la promoción de la marca turística Andalucía a través del aprovechamiento de las posibilidades mediáticas y promocionales del deporte. Su Consejo de Administración estará presidido por la persona titular de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, e integrado por al menos seis representantes de este departamento y por otros dos procedentes de las consejerías de Hacienda y Administración Pública y de Obras Publicas y Vivienda, todos ellos con rango de director general.
Además de estas medidas, tanto el Decreto-Ley como el plan abordan una simplificación general de las estructuras periféricas de la Administración instrumental de la Junta de Andalucía. De este modo, se dispone un proceso para concentrar en edificios únicos las sedes y subsedes de las entidades en aquellos municipios donde existan varias. Esta reubicación unificada supondrá un ahorro de costes por la mayor eficiencia en los gastos de alquiler y mantenimiento, además de mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía.
Mantenimiento del empleo
Otras disposiciones se dirigen a ofrecer las máximas garantías de salvaguarda de sus derechos laborales al conjunto de los 23.476 empleados públicos de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales afectados por la reordenación. En este sentido, el plan conlleva la eliminación de entidades pero no de puestos de trabajo. Además, se respetan los convenios colectivos en vigor.
La integración del personal funcionario en una agencia pública empresarial será voluntaria y conllevará el mantenimiento de su estatus laboral previo. Además, se le reconocerá el tiempo de servicios prestados en la Administración a efectos de retribuciones por antigüedad.
De igual modo, en caso de reingreso, el tiempo de permanencia en la agencia se le computará para el reconocimiento de trienios. El trabajo desarrollado en los entes instrumentales también será considerado en los concursos de méritos.
Por su parte, el personal laboral procedente de las entidades suprimidas se integrará en las nuevas resultantes de acuerdo con las normas reguladoras de la sucesión de empresas recogidas en el Estatuto de los Trabajadores.
En cuanto al personal laboral de la Administración General de la Junta que pase a una nueva entidad, podrá participar en las convocatorias de concursos de traslados que se realicen en esta categoría durante los cinco años siguientes a la fecha de integración.
Para todos los casos, los protocolos de integración del personal laboral en el sector público andaluz se aprobarán previa consulta y negociación con los órganos de representación de los trabajadores.
Tanto en los reajustes organizativos como en la salvaguarda de los derechos laborales, la reestructuración aprobada hoy sigue el modelo público de prestación de servicios y rechaza otros modelos liberalizadores más orientados a la privatización.
Impulso al sector agrario
Las medidas para la dinamización del patrimonio agrario, desarrolladas en uno de los tres capítulos que componen el Decreto-ley, abren la posibilidad de que los agricultores concesionarios del IARA accedan a la propiedad de las parcelas que explotan, cuya superficie total supera actualmente las 9.000 hectáreas en las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla.
Los interesados contarán con un año, a partir de la entrada en vigor, para presentar las solicitudes en las delegaciones provinciales de Agricultura y Pesca. Si la resolución, con un plazo de seis meses, es favorable, dispondrán de tres años como máximo para abonar el precio de la adjudicación. En el caso de que se realice una liquidación anticipada, el traspaso será inmediato.
Al valor de enajenación de estas tierras se le aplicará una reducción de hasta un 65% en función de criterios de antigüedad, generación de empleo y esfuerzo inversor de modernización y mejora de la explotación. No obstante, la norma limita durante 25 años la libre disposición de las explotaciones adjudicadas y obliga así a la devolución de estas bonificaciones en casos de venta, división o segregación.
En el caso de que los bienes no sean solicitados por los adjudicatarios, la Junta obligará al desalojo y les indemnizará por las mejoras realizadas en las parcelas, siempre que hayan contado con autorización administrativa. Las explotaciones agrarias comunitarias podrán ser segregadas por la Administración autonómica para que se escrituren a título individual para cada uno de los agricultores que participan en la concesión.
Respecto a las tierras, bienes y derechos del IARA que no han sido ocupados por terceras personas, la Administración autonómica prevé su enajenación a favor de entidades públicas para fines de interés general o su venta a entidades públicas y privadas tanto para fines agrarios como para otros usos compatibles que conlleven generación de empleo y una mejora del medio rural y de las condiciones de vida de la población. Este patrimonio está integrado por 13 fincas con 5.320 hectáreas de suelo rústico y 24 hectáreas de suelo urbano.
La segunda medida de dinamización del patrimonio agrario, referente a la liquidación de las 127 Cámaras Agrarias de Andalucía, se llevará a cabo en el plazo de un año. Los bienes de las Cámaras Agrarias provinciales se traspasarán a las organizaciones profesionales más representativas, mientras que los de las Cámaras Locales se cederán para fines y servicios de interés general agrario a los beneficiarios que decida la comisión liquidadora.
Las Cámaras Agrarias son herederas de las Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos que surgieron tras la Guerra Civil con el objetivo de articular la representación y disciplina de los intereses económicos-sociales de los agricultores españoles. Los fines para los que nacieron estas entidades ya han sido asumidos por las organizaciones profesionales agrarias en materia de representatividad y por la Consejería de Agricultura y Pesca en lo relativo a gestión y prestación de servicios.