La Junta de Andalucía reorganizará la Formación Profesional (FP) para el Empleo con el fin de implantar un modelo más flexible, ajustado a las demandas de las empresas y coordinado con el sistema educativo. Así se recoge en el decreto, elaborado por la Consejería de Empleo y aprobado por el Consejo de Gobierno, que integra las actuales FP Ocupacional (para desempleados) y Continua (para trabajadores en activo), además de mejorar su coordinación con la FP Inicial o reglada (la del sistema educativo).
Junto con ello, y a iniciativa de la Consejería de Educación, el Gobierno andaluz también ha aprobado el decreto regulador de los denominados Centros Integrados de Formación Profesional, donde se podrán impartir las dos modalidades y que comenzarán a funcionar este curso.
La consejera de Educación, Mar Moreno, ha resaltado la «vigorosa etapa de colaboración» entre ambos departamentos para la elaboración de estas normas, que, en su opinión, «vienen a eliminar las fronteras entre la formación profesional reglada y para el empleo». «Estamos consiguiendo una FP más versátil, más flexible y más ligada al mercado de trabajo», ha subrayado.
Moreno ha valorado que el Gobierno andaluz haya conseguido que la Formación Profesional «ya no sea una cenicienta» dentro del sistema educativo y ha insistido en que esta rama es una «autopista hacia el empleo y una plataforma a la universidad». Además, ha indicado la titular de Edudación, los andaluces «deben saber que una formación de baja calidad deriva en un empleo de baja calidad».
Por su parte, el consejero de Empleo, Antonio Fernández, ha destacado el «carácter pionero» del nuevo marco normativo de la Formación Profesional en Andalucía, que atiende «a las necesidades del mercado de trabajo en cada territorio». Fernández ha explicado que la demanda de cursos está cada vez más orientada a las energías renovables y las nuevas tecnologías, sectores que impulsarán, según ha apostillado Mar Moreno, el cambio en el sistema productivo de Andalucía.
Decreto de empleo
La primera de las normas aprobadas, elaborada por la Consejería de Empleo, sustituye a la vigente desde 1997 y, además de fusionar las modalidades ocupacional y continua, incorpora dos novedades relevantes: la adaptación de la planificación de cursos a las necesidades del tejido productivo de cada territorio y la introducción de los Certificados de Profesionalidad, que reforzarán el reconocimiento de estas acciones formativas con la posibilidad de su convalidación por módulos de la FP reglada.
Respecto a la planificación, el nuevo modelo sustituye el actual sistema de convocatoria anual de cursos (en el que las entidades colaboradoras presentaban sus propuestas) por otro de varias convocatorias al año en las que la Consejería de Empleo detallará qué especialidades pueden promoverse en cada territorio para el desarrollo de las acciones formativas. Estas especialidades serán fijadas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a través de su Sistema Argos de Prospección Permanente del Mercado de Trabajo, dependiendo del tipo de oferta laboral existente en cada una de las 45 áreas territoriales que componen la red de servicios de la Consejería de Empleo.
La otra novedad destacada es la regulación de los Certificados de Profesionalidad, figura creada recientemente por la legislación estatal. Estas titulaciones acreditan con carácter oficial las competencias adquiridas en los cursos, se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y pueden ser homologadas con módulos de la FP reglada del sistema educativo.
La norma aprobada por el Consejo de Gobierno mantiene las actuales becas en concepto de transporte, manutención y alojamiento para desempleados beneficiarios de los cursos e introduce nuevas ayudas para conciliar vida laboral y familiar, destinadas a alumnos que tengan a su cargo menores de seis años o familiares dependientes con discapacidad de segundo grado. Las cuantías de estas últimas se establecerán en una posterior orden de desarrollo.
Además de los distintos cursos que se programan, el decreto incluye como acciones de Formación Profesional los cursos con compromiso de contratación; los programas públicos de empleo y formación en los que se combina la práctica profesional con el aprendizaje, y las acciones de investigación e innovación para mejorar la calidad y eficacia de los contenidos.
Prioridades
Como colectivos prioritarios de la FP para el Empleo, la norma señala a las mujeres, los jóvenes, los inmigrantes, los trabajadores de pequeñas y medianas empresas y las personas con mayores dificultades de acceso al empleo (discapacitados, afectados y víctimas del terrorismo o de la violencia de género, desempleados de larga duración, mayores de 45 años y personas en riesgo de exclusión).
Finalmente, el decreto establece la creación del Fichero Andaluz de Especialidades Formativas, que incluirá tanto las Cualificaciones Profesionales como otras materias impartidas en cursos con compromiso de contratación, en acciones dirigidas a trabajadores en activo o en aquellas otras que abordan yacimientos de empleo y profesiones emergentes. De igual modo, se crea el Sistema Integrado de Información y Orientación, que se encuadrará en la red de servicios de orientación profesional del SAE con el fin de ofrecer información sobre oferta formativa, itinerarios y certificados de profesionalidad a empresas, trabajadores y desempleados.
A lo largo de sus 41 artículos y 11 disposiciones, el Decreto de Formación Profesional para el Empleo desarrolla su regulación atendiendo a principios de transparencia, calidad, eficiencia, gratuidad, igualdad de oportunidades, adecuación rápida y flexible a las necesidades del mercado laboral, incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, especial atención a colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral y fomento de la conciliación de la vida laboral y familiar, entre otros. Asimismo, introduce nuevos objetivos como la contribución de la FP a la consecución del pleno empleo, el fomento de la formación a lo largo de la vida o la coordinación entre las consejerías de Empleo y Educación para el reconocimiento y acreditación de las distintas competencias profesionales adquiridas en los cursos.
Más de 90.800 desempleados andaluces y 38.900 trabajadores en activo están participando este año en los 9.200 cursos de Formación Profesional para el Empleo programados en Andalucía, con una inversión que supera los 300 millones de euros. Actualmente, los cursos de FP para desempleados mantienen un nivel de inserción laboral de sus alumnos del 52%.
Centros Integrados
El segundo de los decretos aprobados por el Consejo de Gobierno, elaborado por la Consejería de Educación, regula los Centros Integrados de Formación Profesional, en los que se realizará una oferta unificada de las enseñanzas de FP Inicial y FP para el Empleo. Estos centros estarán especializados en sectores productivos concretos y el objetivo es que funcione uno por cada una de las 26 familias en que se estructura la FP Inicial, de modo que se conviertan en referencia para el resto en sus respectivas áreas profesionales.
Este curso comenzarán a funcionar en Andalucía los primeros cuatro centros integrados en los institutos de Educación Secundaria Hurtado de Mendoza, que alberga la Escuela de Hostelería y Turismo de Granada y Marítimo Zaporito de San Fernando (Cádiz); el Consorcio Escuela de la Madera de la Junta de Andalucía de Encinas Reales (Córdoba), y el Centro Público de Formación para el Empleo de Linares (Jaén).
Los centros integrados impartirán enseñanzas propias de Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior conducentes a las titulaciones de Técnico y Técnico Superior, respectivamente, así como cursos de inserción laboral y de formación permanente de trabajadores para la obtención de certificados de profesionalidad convalidables por módulos de la FP Inicial.
Además de la actividad docente, los centros desarrollarán funciones de acreditación de las competencias profesionales de los trabajadores e incluirán servicios de información y orientación laboral, tanto para aquellos jóvenes que comienzan sus estudios postobligatorios de FP como para trabajadores sin titulación oficial, con el fin de ofrecer una formación «a la carta» ajustada a las necesidades de cada alumno. Asimismo, mantendrán un contacto permanente con el sistema de prospección del mercado de trabajo y con el entorno productivo para la actualización y adecuación de la oferta de enseñanzas a las demandas formativas de las empresas.