El Ayuntamiento de Estepona obligado a readmitir a cuatro cargos de confianza política de Valadez porque fueron contratados de manera fraudulenta

Los desmanes cometidos por Valadez durante sus tres años de desgobierno parece que no tienen fin. Y mientras tanto las arcas públicas locales siguen soportando todavía las consecuencias de su nefasta gestión. Ahora resulta que el Ayuntamiento de Estepona tendrá que readmitir a cuatro de sus cargos de confianza política contratados durante su mandato porque los contratos se hicieron de manera fraudulenta en las hoy extinguidas empresas municipales, según una sentencia del Tribunal Supremo.
El portavoz municipal, Manuel Aguilar, ha lamentado la actuación lesiva para los intereses municipales mediante la realización de contratos «en fraude de ley» porque fueron contratados para ocupar puestos directivos que no ejercían en la práctica. La sentencia del Tribunal Supremo señala que «fueron contratados sin proceso de selección, por motivos de confianza política»; y que en algunos de los casos «sus retribuciones estaban por encima del grupo A del convenio colectivo y tenían vehículo oficial».
Aguilar ha lamentado este «nuevo despropósito político de la herencia envenenada del gobierno liderado por el PSOE de Valadez y sus socios de gobierno». Así, ha mencionado el daño para las arcas municipales que el anterior gobierno provocó en la ciudad al generar una deuda de 300 millones de euros. Asimismo, ha criticado que los anteriores responsables políticos emplearan esta fórmula de contratación de cargos de confianza en empresas municipales para «blindar a sus cargos políticos» y colocarlos en el Ayuntamiento «por la puerta de atrás». El portavoz ha lamentado esta política de personal «en contra de los intereses generales», que permitió la contratación de un total de 21 cargos de confianza en las empresas municipales y en el Ayuntamiento, que suponían un coste de más de un millón de euros brutos anuales; de hecho, algunos de estos cargos de confianza percibían retribuciones superiores a los 100.000 euros al año.
Estas retribuciones contrastan con la gestión de personal llevada a cabo por estos mismos responsables políticos en el último mandato, caracterizada por dejar una deuda de más de un millón de euros a policías locales, bomberos y músicos, por cantidades que les correspondían y, por el contrario, abonar productividades millonarias a estos cargos de confianza.