El Diario Público continúa con la publicación de sus investigaciones sobre la conexión entre el comisario José Villarejo, el origen del caso astapa y David Valadez. Las investigaciones de ese diario ha puesto al descubierto que el comisario Villarejo fue el muñidor del caso Astapa— para controlar y dirigir el urbanismo de Estepona— contando para ello con la ayuda de David Valadez. Esta redacción se está haciendo eco de esas informaciones por el interés que esta cuestión tiene para nuestros lectores.
A este respecto, el pasado día 21 de enero, el Diario Público, informaba que la red del comisario José Manuel Villarejo, desmantelada en la Operación Tándem con la detención de sus dos testaferros, Rafael Redondo y Juan Carlos Escribano, colocó en la Gerencia de Urbanismo de Estepona a Diego de Lucas Villarrubia, otro de los hombres fuertes del comisario en nuestro municipio y que fue administrador de una de las sociedades del entramado de blanqueo de capitales que investiga la Audiencia Nacional, Sensible Code S.L.
Entre los empresarios que se reunieron con el comisario Villarejo, tanto en Estepona como en su sede madrileña de Torre Picasso, destaca Juan José Hidalgo, presidente de Globalia, y los dueños de Urbanizadora XXI, propietarios ambos de los terrenos de la conocida en el municipio como Herencia Nadal. A esas reuniones asistió también algunas veces el gerente de urbanismo de Estepona, Diego de Lucas. Hidalgo tiene además una estrecha relación con el comisario Carlos Salamanca, que comparte celda en Estremera junto a Villarejo, acusado también de cohecho y blanqueo de capitales, debido a que el empresario es dueño de Air Europa, y Carlos Salamanca estuvo hasta 2014 como jefe de la comisaria del aeropuerto de Barajas.
El fichaje de Diego de Lucas lo hizo el alcalde que surgió tras la caída del socialista Antonio Barrientos y que fue uno de sus concejales: David Valadez. Después reconoció en su grupo municipal que había recibido una llamada de «la policía del Ministerio del Interior», veinte días antes de poner la denuncia contra su compañero del PSOE en el año 2006, que acabaría con la detención de Barrientos y otros miembros de su equipo en la operación Astapa, llevada a cabo por la UDEF en 2008 y que aún no se ha juzgado.
Desde la llegada de Valadez a la alcaldía y de Diego de Lucas a la Gerencia de Urbanismo, «el comisario Villarejo era quien mandaba y controlaba el Urbanismo de Estepona», aseguran fuentes de dicho municipio. «Tanto es así, que el propio Diego de Lucas decía a quien quisiera escucharle que él era un hombre del Ministerio del Interior». Desde entonces muchos empresarios con intereses urbanísticos en Estepona se veían obligados a desplazarse al despacho Stuart & Mckenzie, que el comisario tiene en Torre Picasso de Madrid. En esas reuniones, Villarejo, sus abogados y socios, Rafael Redondo y David Macías, alardeaban de poder solucionar cualquier problema urbanístico que los empresarios tuvieran con el Ayuntamiento de Estepona e incluso presumían de tener en su poder el Plan General de Urbanismo del municipio. Macías aparece como propietario de más de una decena de inmuebles que realmente son propiedad del policía, según informes de Asuntos Internos y varias investigaciones judiciales abiertas contra el comisario Villarejo.
La Herencia Nadal
El 5 de septiembre de 1973, María Catalina Nadal, propietaria de tres millones de metros cuadrados de tierras en Estepona y diversos bienes en Onteniente (Valencia) hizo su testamento. En su última voluntad, distribuyó los terrenos en tres partes. Una de esas partes, 503.764 m2, se los legó a la Fundación Antonia Guerrero y, según dejó ordenado en su testamento: «Establece una Fundación en Estepona para costear los estudios de las mujeres pobres de dicho pueblo, dando preferencia a las carreras de Leyes y Filosofía y Letras.»
A finales de los 90, Juan José Hidalgo, presidente del Grupo Globalia, compró esos tres millones de metros cuadrados de suelo por unos 40.000 millones de las antiguas pesetas. Pero lo que no sabía Hidalgo cuando hizo esa compra es que del legado de la Herencia Nadal eran también beneficiarios los ciudadanos de Estepona. Por tanto, cuando Hidalgo quiso firmar un convenio urbanístico con el Ayuntamiento para poner en marcha esos suelos, se encontró con que el Consistorio reclamaba para el municipio una importante participación en las plusvalías que la reclasificación de esos terrenos iba a generar a su nuevo propietario. Hidalgo se negó a pagar lo solicitado por el Ayuntamiento –60 millones de euros en concepto de plusvalías para construir, entre otros equipamientos, una Universidad en Estepona para cumplir con lo estipulado en el legado de la Herencia Nadal– quejándose reiteradamente de ello.
Tanto el entonces gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Estepona, Diego de Lucas Villarrubia –persona también muy cercana al empresario, como indicaron el sindicato de funcionarios del Ayuntamiento de Estepona, CESIF, y el concejal no adscrito, Juan Manuel Rodríguez– como el denunciante David Valadez, ya como alcalde del municipio, retomaron con rapidez ese asunto, que estaba aparcado por el anterior gobierno municipal, e intentaron aprobar ese convenio urbanístico hasta en tres ocasiones, sin cobrar al empresario ni un euro de plusvalía para la ciudad. A ello se opuso no sólo toda la oposición, sino también algunos concejales del propio equipo de gobierno que presidía Valadez. Este asunto originó una fuerte polémica en el municipio y una crisis en el gobierno municipal. El interés de Valadez en aprobar ese convenio era tan grande que incluso cesó en sus delegaciones a varios concejales de su equipo de gobierno por no apoyarlo. Algunos medios de comunicación calificaron el convenio como “pelotazo urbanístico” y “el negocio del siglo”. El escándalo fue tan mayúsculo que, algún tiempo después, hasta la entonces rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de la Calle, criticó ese convenio, indicando incluso que había que revisarlo.
El peor negocio de Hidalgo
La diferencia era enorme con respecto al convenio que quería firmar el alcalde anterior, Antonio Barrientos, en el que se proponía cobrarle a Hidalgo 60 millones de euros en concepto de plusvalías para la construcción de una universidad y diversos equipamientos para el municipio, mientras que el convenio que querían aprobar el denunciante y alcalde, David Valadez, y sus amigos, Diego de Lucas y el comisario Villarejo, no le exigía al propietario ni un solo euro para el municipio. Fuentes cercanas a estas reuniones aseguran que el comisario Villarejo había pactado con el empresario José Hidalgo, una fuerte suma si el convenio era aprobado. A este respecto hay que tener en cuenta que el convenio urbanístico que Valadez llevó ante el pleno (a instancias de Diego de Lucas y de Villarejo) reportaba a los propietarios unos beneficios de muchos millones de euros en plusvalías –la oposición los cuantificó en 240 millones de euros–.
Hidalgo, como otros clientes de Villarejo, se ha jactado en público de no verse en problemas por este convenio urbanístico. Y por ahora es cierto. No ha sido llamado a declarar, ni siquiera como testigo, en el caso Astapa, cuando su convenio era el más importante que estaba negociando el Ayuntamiento de Estepona. A lo largo de la investigación y con las diligencias bajo secreto, al ser preguntado por periodistas sobre esta causa que instruye la UDEF afirmó: “A mí, ni me han llamado, ni me llamarán”.
Gracias a la reacción de la oposición, de los técnicos del Ayuntamiento e incluso de algunos concejales socialistas que discrepan de Valadez, el negocio aún no ha culminado. En un acto en Málaga, al que acudió Hidalgo a finales de 2017, se lamentó de que a finales de la década de los 90 realizara en el término municipal de Estepona «la mayor inversión en suelo» de su vida, con la adquisición de la Hacienda Nadal, en la que pretendía crear un hotel de cinco estrellas y un complejo residencial de 500 apartamentos, y donde «todavía no se ha podido poner un ladrillo».