Es de sobra conocido que, el pasado 27 de noviembre, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía – donde gobiernan PSOE e IU- aprobó un Decreto Ley, conocido como el Decreto del Litoral, con respecto a cómo debe ser el crecimiento urbanístico en los municipios andaluces. El susodicho Decreto Ley, que según algunas fuentes suspende planeamientos en toda Andalucía que podrían generar alrededor de 40.000 empleos, paraliza también alrededor de 30.000 viviendas y más de 8.000 plazas hoteleras en los municipios del litoral malagueño: Manilva, Mijas, Nerja, Rincón de la Victoria, etc.
Pero el municipio más perjudicado por la normativa de la Junta de Andalucía es Estepona, ya que pone en riesgo la construcción de unas 16.000 viviendas en nuestro municipio. Pero lo más grave del caso es que en Estepona, el mencionado Decreto Ley, bloquea el gran proyecto de la Casa Real de Arabia Saudí – donde se iban a construir un campo de golf, viviendas y hoteles de lujo- y paraliza el futuro Centro Comercial y de Ocio que también iba a ponerse en marcha en nuestra localidad.
A este respecto, los promotores del Centro Comercial y de Ocio, han manifestado su preocupación por el nuevo Decreto Ley aprobado por la Junta de Andalucía, ya que significa la paralización de su proyecto y también el de otros muchos proyectos que están en marcha en Estepona y que podían suponer el relanzamiento económico de nuestra localidad. Además, los promotores del Centro de Ocio han declarado que el Decreto Ley de la Junta les ha pillado por sorpresa, dado que ya se había avanzado mucho en los trámites para poder poner en marcha este proyecto en pocos meses. Incluso, han llegado a tildar al Decreto de barbaridad.
Para la Concejala de Urbanismo de Estepona, Susana Arahuetes, el Decreto que aprobó el Gobierno Andaluz «tiene unas consecuencias económicas enormes, porque ataca de lleno a la mayor fuente de ingresos de la industria andaluza, que es el turismo». Además, genera inseguridad jurídica, porque un decreto de este calado, aprobado con urgencia, ahuyenta las inversiones, insistió la concejala, para la que es indignante que la Junta de Andalucía actúe en estos términos.
Por otra parte, el pasado martes, el equipo de gobierno de la Diputación Provincial de Málaga aprobó, con los votos en contra de PSOE e IU, presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Decreto de la Junta, recurso que cuenta con los informes favorables de los servicios jurídicos de esa institución. A ese acuerdo de la Diputación de Málaga, se han sumado en los últimos días las Diputaciones Provinciales de Almería, Cádiz y Granada, todas ellas gobernadas por el Partido Popular. Además, ayer mismo, los alcaldes de los municipios costeros de Málaga gobernados por el mismo partido, que son prácticamente todos, plantaron a la Junta de Andalucía rehusando asistir a la reunión programada con la Secretaria General de Ordenación del Territorio y registraron un documento en la Delegación del Gobierno Andaluz solicitando la derogación de esa norma.
En cualquier caso, resulta lamentable que en estos momentos de crisis económica generalizada, cuando el paro azota de manera inmisericorde a toda nuestra comunidad autónoma, la Junta de Andalucía se saque de la chistera un Decreto Ley- que no va acompañado de una memoria económica que contemple sus efectos positivos y negativos- que paraliza los escasos y grandes proyectos hoteleros, residenciales y comerciales que estaban en marcha en Estepona y otros muchos municipios, que posibilitaban la generación de nuevos nichos de riqueza y la creación de cientos de empleos. Además, tampoco es de recibo que esta nueva normativa urbanística no se haya consensuado con los ayuntamientos afectados, con la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS), con la Asociación de Empresas de Turismo Residencial, Turismo Deportivo y Turismo de Salud de Andalucía (PROMOTUR), con la Federación Andaluza de Urbanizadores de Turismo Residencial (FAUTR), con los sindicatos del sector, etc. etc.
Los ciudadanos de Estepona deberían de tomar buena nota de este asunto, pues no se trata de un tema menor, ni una cuestión baladí, sino que nos encontramos ante un asunto trascendental para el futuro económico de nuestro municipio. Basta decir al respecto que si el Decreto de la Junta de Andalucía sigue adelante y se paralizan estos grandes proyectos previstos en nuestra localidad, se impediría la creación de miles de puestos de trabajos directos e indirectos.
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