Según el sindicato CSIF El Ayuntamiento de Estepona y la Concejala de Personal, secundada por el indestructible e indescabalgable Señor Gago, en un nuevo episodio del catálogo del desconcierto en que se ha convertido la gestión de personal propusieron el pasado martes el inicio de un proceso de funcionarización dirigido a algo más de medio centenar de empleados laborales.
Escasamente un mes después de que el llamado Plan de Empleo y la Relación de Puestos de Trabajo volviesen de vuelta a los corrales por oscura, indescifrable e inconclusa, el Consistorio propone escribir otro capítulo esta vez llamado Proceso de Funcionarización, elaborando para ello un listado con datos de trabajadores municipales entre los que destaca la inclusión de la hija del antiguo alcalde comunista D. Antonio Murcia, la cual aparece con fecha de alta en el ayuntamiento 10 de Septiembre de 2007.
Según fuentes del propio ayuntamiento, la hija del Señor Murcia pasó a integrar la nómina municipal con un contrato temporal de 6 meses, reconvertido en contrato indefinido por aplicación sospechosa de la figura del Fraude de Ley, ello cuando el Señor Francisco Zamorano era Concejal de Hacienda y Personal. Desde el Sindicato CSIF se insta al actual Alcalde David Valadez a que revise la legalidad de esa contratación, que impida su injusta consolidación y a que solicite informe jurídico respecto de la viabilidad de exigir penal o civilmente las responsabilidades oportunas a quién haya permitido semejante abuso.
En otro orden de cosas desde CSIF se insta al Alcalde para que aclare públicamente en virtud de que nueva figura de contratación laboral el Señor José P. Fernández Gago continua en nómina municipal y ejerciendo funciones, cuando por mandato plenario y publicado en el BOP hace varias semanas que la plaza de funcionario eventual que ese señor ocupaba fue amortizada.
Para concluir desde CSIF se recuerda al Señor Alcalde la consideración de pago preferente que tienen las nóminas municipales, y la obligación de abonarlas antes del 5 de diciembre. Esperando no tener que llegar a la denuncia ante Inspección de Trabajo o ante la jurisdicción penal, en caso de grave incumplimiento de dicha obligación.