Tanto la Asociación de Empresarios de Turismo Residencial, Deportivo y de Salud de Andalucía (PROMOTUR), como la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial (FAUTR), se han pronunciado en contra del Decreto Ley de la Junta de Andalucía ,- donde gobiernan PSOE e Izquierda Unida-, que regula cómo debe ser el crecimiento urbanístico en los municipios andaluces, ya que esa normativa paraliza la inversión y ahuyenta a los inversores.
A este respecto, el Presidente de la Asociación de Empresarios de Turismo Residencial, Deportivo y de Salud de Andalucía ( PROMOTUR), Ramón Dávila, en su página de Factbook, ha manifestado que PROMOTUR está totalmente en contra del Decreto-Ley, 5/2012, de la Junta de Andalucía, porque el Decreto es un auténtico ataque a los más elementales principios de seguridad jurídica. Ni hay urgencia ni necesidad ninguna de ese Decreto-Ley, ha manifestado, puesto que actualmente sobran instrumentos legales. “Si además se aplica con retroactividad, como se desprende de la norma aprobada, ha dicho Ramón Dávila, es un auténtico desastre para las posibilidades de que vengan nuevos inversores. Es increíble que en nuestra Comunidad se cambien las reglas cuando los políticos quieren. ¿Así, como vamos a combatir el paro? No solo asustan a los inversores turísticos, sino a todo tipo de inversores”.
En cuanto al proyecto residencial turístico de la Casa Real Saudí en nuestro municipio, Ramón Dávila ha manifestado que es “uno de los pocos potentes que hay en marcha pese a la crisis”, y ha advertido de que nadie querrá venir aquí para invertir con estos cambios de reglas que son inadmisibles para los inversores.
Por su parte, el presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial (FAUTR), Ricardo Arranz, ha criticado también el Decreto dictado por la Junta de Andalucía, el pasado 27 de noviembre, porque la nueva normativa “va en contra del futuro, de la creación de riqueza y empleo y no se adapta a las peculiaridades de los municipios”.
El Decreto-Ley aprobado por la Junta de Andalucía paraliza alrededor de 30.000 viviendas y más de 8.000 plazas hoteleras programadas en los municipios del litoral malagueño: Manilva, Mijas, Nerja, Rincón de la Victoria, etc. Pero el municipio más perjudicado por la normativa de la Junta es Estepona, ya que no solo deja en el aire la construcción de 16.000 viviendas previstas para el futuro, sino que además paraliza el complejo residencial y hotelero de lujo que impulsa la Casa Real Saudí y también el Centro Comercial y de Ocio, ambos previstos en nuestro municipio. Incluso, la Casa Real Saudí ya había aportado seis millones de euros, de los ocho a los que se comprometió a pagar, para obtener las licencias para edificar. Los dos primeros pagos, que suman cuatro millones, los percibió la anterior Corporación en aquellos años de des-gobierno de Valadez, que los destinó a pagar nóminas, y los dos restantes los cobró el actual equipo de gobierno que preside García Urbano, que los ha destinado al patrimonio municipal de suelo.
Para la concejala de Urbanismo de nuestro municipio, Susana Arahuetes, el Decreto que aprobó el Gobierno Andaluz «tiene unas consecuencias económicas enormes, porque ataca de lleno a la mayor fuente de ingresos de la industria andaluza, que es el turismo». Además, “genera inseguridad jurídica, porque un decreto de este calado, aprobado con urgencia, ahuyenta a los inversores, insistió la concejala, para la que es «indignante» que la Junta de Andalucía actúe en estos términos, frenando planes que «generan empleo y riqueza”.
Los ciudadanos de Estepona deberían de tomar buena nota de este asunto, pues no se trata de un tema menor, ni una cuestión baladí, sino que nos encontramos ante un asunto trascendental para el futuro económico de nuestro municipio. Basta decir al respecto que si el Decreto de la Junta de Andalucía sigue adelante y se paralizan estos grandes proyectos previstos en nuestro municipio, se impediría la creación de unos 3.000 puestos de trabajos directos y otros 2.000 indirectos.
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