Hace unos meses el Juzgado nº 5 de Estepona abrió diligencias penales contra la edil socialista Cristina Rodríguez Alarcón, por presuntos delitos contra la Administración Pública, ante la denuncia presentada por la Plataforma Vecinal de Estepona.
La denuncia se presentó contra Cristina Rodríguez, en Junio del 2010, después de que el Pleno de la Corporación acordara por mayoría la supresión de varias plazas del organigrama municipal, entre las que se encontraba la del Sr. Fernández Gago, que ocupaba un puesto de confianza política.
El acuerdo plenario fue reiteradamente incumplido por la citada concejala, ya que Fernández Gago continúa desarrollando sus funciones así como percibiendo sus emolumentos a costa del erario público. Estos honorarios ascendían a más 70.000 euros anuales, sin que Cristina Rodríguez, responsable del Área de Personal, haya llevado a cabo actuación alguna relativa a la supresión real y efectiva de esa plaza, permitiendo que ese señor esté cobrando de las arcas públicas no sólo su sueldo sino incluso productividades adicionales, superando las mismas los 20.000 euros, según ha informado la UGT.
El Juzgado admitió a trámite la denuncia y vino a incoar diligencias que han sido ampliadas por el Ministerio Fiscal. El Juzgado ha solicitado de la Plataforma la ratificación de la denuncia, lo cual se ha realizado en el día de hoy, al tiempo que se ha ampliado la misma por tener constancia de nuevos hechos relacionados con el caso, que pudieran señalar a algún miembro más de la Corporación como incurso en los delitos que se denuncian.
A este respecto la Plataforma ha aportado en el juzgado un decreto firmado por David Valadez otorgando en el mes de mayo una productividad a Fernández Gago, cuando meses antes el propio Valadez había firmado otro decreto suprimiendo la plaza de dicho señor.
Por todo ello, es por lo que la Plataforma ha solicitado que sea citado en las presentes Diligencias Previas David Valadez a fin de aclarar su intervención en la asignación de productividades a Fernández Gago, a pesar de haber eliminado con anterioridad su plaza.
La Plataforma Vecinal ha manifestado que “no puede quedar inactiva ante la burla al pueblo de Estepona que supone el incumplimiento de acuerdos que se toman en sesión plenaria de la Corporación, lo cual conculca de manera flagrante la legalidad vigente y denota el mayor desprecio hacia las instituciones y a la democracia que representan, máxime cuando los delitos que se vienen a denunciar, prevaricación, malversación de fondos públicos y usurpación de funciones, son de todo punto repudiables en representantes públicos y personas afines al funcionamiento de las instituciones”.