Si hay un aspecto en el que la política seguida por esta Corporación ha resultado más errática y dañina para los intereses de Estepona, sin duda que coincidiremos que ha sido la de personal
Desde esta Plataforma hemos criticado en innumerables ocasiones la ausencia de una política que determinara las verdaderas necesidades laborales de este Ayuntamiento, que mediante una RPT definiera la distribución de tareas de la plantilla municipal, que clarificara la situación de los empleados de las empresas públicas y que acabara con las posiciones de privilegio que por afinidad, parentesco o cualesquiera otras se vienen denunciando en estos años. Muy al contrario, la política de personal se ha centrado en la discriminación y en el amiguismo, también sindical, lo cual ha conducido por una parte a situaciones de auténtica parálisis en la actividad de ciertos departamentos de especial relevancia y por otra a diversos conflictos laborales, que en algún caso han trascendido el ámbito laboral y cuyo desenlace se ha conocido en estos días.
En efecto, hemos sabido por los medios que nuevamente el Ayuntamiento ha recibido sentencias condenatorias en dos casos en los que se ha actuado con la discrecionalidad que no puede permitirse quien pretende gobernar los destinos de Estepona. Tanto en el caso del anterior Tesorero, D. Félix Domínguez, como en el del Arquitecto T. adscrito a Urbanismo, D. Andrés Cintrano, las sentencias condenan a la readmisión y al pago de los correspondientes haberes devengados desde la fecha del cese de su relación laboral con este Ayuntamiento, cuya decisión ha resultado injustificada por mucho que se quiera apoyar en razones de jubilación forzosa.
Pero es que llueve sobre mojado en este tema. Cuando no se trata de jubilar forzosamente a funcionarios que, con argumentos legales en su mano, osan discrepar de las decisiones que toman nuestro Alcalde, su Concejala de Personal o quien de manera ilegítima viene coordinando dicha política, se trata de recurrir a argucias administrativas para tener que readmitir a quienes sí han sido despedidos de sus funciones después de desempeñar un cargo de confianza que no está asimilado a un puesto de trabajo fijo en una Entidad a todas luces deficitaria como es la Radiotelevisión Estepona.
De la misma forma conocemos más casos de funcionarios que, por no ser del agrado de quienes rigen determinados departamentos, han sido desplazados de su puesto de trabajo a otras funciones ajenas a aquellas para las que han obtenido su plaza o bien han sido obligados a recalar en negociados en los que se está desperdiciando su cualificación profesional. En algún caso bien conocido el acoso ha sido tal que finalmente el funcionario habilitado nacional afectado ha optado por pedir traslado siendo sustituido por personajes más dóciles con los designios del poder local pero no por ello igual de capacitados.
El problema es que el coste de esta miserable política lo soporta el pueblo de Estepona a quien se esquilma vía impuestos, contribuciones y tasas para sostener esta estructura. Hemos contemplado en estos últimos años el pago de indemnizaciones millonarias, reposición de salarios de tramitación, productividades infames, etc… mientras se escatiman fondos para pagos de haberes de la banda de música y para atrasos de complementos incluidos en los convenios colectivos, sobre los que esta Plataforma puede disentir justificadamente pero que no dejan de ser legales y como tal de obligado cumplimiento, lo que se ha visto ya refrendado por diversas sentencias judiciales todas ellas contrarias a lo defendido por la representación legal del Ayuntamiento.
La Plataforma Vecinal de Estepona denuncia esta nefasta política de personal que es incompatible con los intereses de nuestro pueblo y que deteriora las relaciones laborales dentro del Ayuntamiento y confía en que tamañas contravenciones de la legalidad y del sentido común no queden impunes y se exijan por quien corresponda las responsabilidades en que se pudiera haber incurrido.
