La Plataforma Vecinal de Estepona presentó en el pasado mes de Enero una moción ante el Pleno Municipal interesando la posición del Ayuntamiento sobre la tasa de desalación La plataforma vecinal de Estepona a través de nota de prensa alude a que "actualmente 0,18 €/m3 + 8%IVA, que por imposición de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental se aplica en los recibos que emite la empresa concesionaria del servicio de suministro de agua potable, Aquagest Sur, sobre la totalidad del consumo reflejado en cada contrato, a pesar de que el porcentaje de agua procedente de desalación no representa nunca más del 10% del caudal total aportado en red. A consecuencia de nuestra moción se suscitó una discusión que alcanzó a los medios de difusión lo que condujo a la suspensión por ACOSOL del cobro de dicha tasa habida cuenta de que la pluviometría del período hídrico corriente hacía innecesario el aporte de caudal por desalación con la consiguiente parada de la planta.
Esta suspensión del cobro de la tasa se hacía efectiva desde el día 1 de abril hasta el 30 de agosto del corriente, y si bien en algunos términos municipales vecinos se llevó a cabo de inmediato, en Estepona hubo que esperar a que un Pleno Municipal aprobara la modificación de la Ordenanza Municipal pertinente con el resultado de que esta suspensión no se ha hecho efectiva hasta 4 meses más tarde, cobrando por tanto a los usuarios durante dicho período por un servicio que no se ha prestado.
Recientemente se ha podido leer en los medios que ACOSOL reanuda el funcionamiento de la planta desaladora y consecuentemente reintroduce la mencionada tasa que se hace recaer en el consumidor final que se ve obligado a pagarla sin opción alternativa posible.
Esta Plataforma no va a entrar en la discusión técnica de la necesidad de planta desaladora en nuestra comarca, ni sobre el óptimo aprovechamiento de los recursos hídricos de la zona, pero no tiene más remedio que llamar la atención sobre una imposición que tiene exclusivamente la finalidad de recaudar y tal y como están las economías familiares y empresariales se aleja de la sensibilidad social. Parece más razonable que el precio que se nos carga por el consumo de agua potable recoja en su importe el coste global del agua independientemente de su origen, responsabilidad última de las instituciones oficiales que tienen la competencia".
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