Como era de esperar, el controvertido convenio urbanístico con los propietarios de la Herencia Nadal para obtener los suelos para el futuro campus universitario de Estepona, se quedó sobre la mesa del pleno municipal. El debate sobre este asunto duró varias horas y durante su desarrollo se oyeron expresiones como “puro electoralismo, un disparate, un crimen, una salvajada, una aberración y un pelotazo urbanístico”. Valadez no fue capaz de convencer a un solo concejal de la oposición para que lo apoyase ni tampoco a los propios componentes de su equipo de gobierno, ya que la concejala andalucista, y cabeza de lista del PA, Lina Rivas, anunció su abstención y el concejal socialista, Sergio López, propuso el mecanismo de la expropiación como el más adecuado para obtener los terrenos del futuro campus universitario.
Desde hace ya tiempo era evidente que este convenio no había gustado a casi nadie y así lo ponían de manifiesto las más de cuarenta alegaciones presentadas al mismo. Pero es que además, siendo este un asunto de importante trascendencia social para el municipio, el alcalde no lo había consensuado ni con el resto de las fuerzas políticas y sociales, ni tampoco con los propios componentes de su equipo de gobierno, incumpliendo un acuerdo del Pleno de la Corporación, de febrero del año 2010, que aprobó la constitución de una mesa de participación ciudadana para garantizar la absoluta transparencia en este convenio.
No debemos olvidar, como ya hemos recordado varias veces desde esta redacción, que el pueblo de Estepona es beneficiario de esta herencia y por tanto los ciudadanos de Estepona deben obtener, como condición sine qua non, tanto los terrenos y el dinero para la construcción del futuro campus universitario de Estepona como una importante participación en las plusvalías que este convenio va a generar a sus propietarios.
Si tenemos en cuenta que el convenio urbanístico que se llevó al pleno aumentaba de manera notoria la edificabilidad prevista por el gobierno anterior y que este aumento reporta a los propietarios unos beneficios añadidos de muchos millones de euros en plusvalías -la oposición los cuantificó en 240 millones de euros-; si a pesar de ello los propietarios no aportan ni un solo euro para la construcción del futuro campus universitario; si además el municipio no obtiene ni un solo euro de esas plusvalías; si los suelos no se ceden realmente hasta dentro de varios años; si una cláusula del convenio permite a los propietarios, a partir del mismo día de aprobarse el convenio, hacer el pase de los terrenos a otros compradores; y si los informes de los técnicos municipales advertían que el convenio urbanístico de la universidad no podría materializarse en base al PGOU vigente, es decir el de 1994, «porque con las modificaciones puntuales de elementos realizadas se ha dispuesto de la densidad de la universidad para otros propietarios», lo más sensato era que el convenio se quedase sobre la mesa y que el mismo sea retomado y reformado por el gobierno municipal que salga de las urnas.
Esta acertada decisión, que fue posible gracias a la actitud responsable de toda la oposición municipal y al desmarque de dos concejales del gobierno, no solamente imposibilitó un autentico despropósito urbanístico, un pingüe negocio de los propietarios y una tomadura de pelo a los esteponeros, sino que también desinfló el globo y la estrategia electoralista de Valadez y su PSOE.
Mientras tanto, los ciudadanos hemos tomado buena nota de quienes son los que defienden el interés general y quien defiende intereses ocultos.
