José María García Urbano, el candidato popular a las elecciones municipales de 2011, ha abordado en rueda de prensa un tema que suscita mucho interés en la población en feneral: los campitos. Sobre ellos ha declarado el candidato popular " ha llegado el momento de legalizarlos".
García Urbano ha explicado que existe el marco legal para llevar a cabo esta legalización, que afectaría a más de 3.000 vecinos de la localidad y que esta solución la convertirá en una prioridad para él, una vez concluido el Plan de Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana a la LOUA. En este sentido, García Urbano aseguró que si dicha adaptación no está concluida para las elecciones del próximo mes de mayo, en el caso de que el PP gane las elecciones, será un objetivo prioritario dicha adaptación, como paso previo a la legalización de estas casas rurales.
García Urbano apostó por un esfuerzo a tres bandas, entre el próximo Gobierno Municipal, los propietarios de los diseminados y la Junta de Andalucía. "El PP no quiere ganar las elecciones por el simple hecho de conseguir una victoria electoral, quiere hacerlo por trabajar por el pueblo de Estepona, y por todas esas personas que ahora se encuentran en posesión de edificaciones ubicadas en lugares donde no hay redes de saneamiento, acondicionamiento de caminos, redes eléctricas o suministro de agua potable. Es hora de regularizar la situación de aquellas personas que ven amenazadas sus casas con órdenes de demolición", afirmó el candidato popular, quien acompañado por el presidente del PP local,Ignacio Mena, enumeró las ventajas de la legalización, ya que la entrada en el ordenamiento jurídico de estas casas rurales, "lleva aparejada la construcción del saneamiento, la mejora de las infraestructuras y el suministro", lo que "dinamizaría los sectores locales de la construcción, con lo que supone también para la creación de empleo, ya que estaríamos hablando de un proceso de urbanización".
En este sentido, el nuevo líder del PP precisó que una vez esté adaptado el PGOU, se procederá a la regularización a través de modificaciones que permitan el cambio de calificación de los terrenos sobre los que hoy se asientan esas construcciones. Esta solución requiere el esfuerzo del Ayuntamiento de Estepona, seguido por la Junta de Andalucía, para que una vez que los expedientes estén tramitados correctamente la Junta dé la mayor celeridad posible a la aprobación definitiva de los mismos. También es necesaria la voluntad de los propietarios, para asumir los costes económicos que supondrán dichas modificaciones.
García Urbano apostó por esta solución, asegurando que si el PP gana las elecciones esta legalización se llevará a cabo. "Estepona se convertirá en un referente en esta sentido en toda Andalucía. Ha llegado el momento de legalizalar los campitos", concluyó.
