FACUA-Consumidores en Acción denuncia que el plan del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de juzgados centralizados para los litigios por cláusula suelo sin darles una dotación mínima sólo va a beneficiar a la banca, dado que limitan los derechos de los consumidores que reclamen y ralentizará aún más los procesos, en lugar de agilizar su resolución.
La asociación recuerda que tanto el Tribunal Supremo como el TJUE ya han declarado en diferentes sentencias la ilegalidad de esta práctica y que, por tanto, debería devolverse el dinero a los afectados sin más dilación ni procesos complejos, caros y lentos.
El pasado 1 de junio entró en funcionamiento el plan del CGPJ de centralizar todos los casos en 54 juzgados de primera instancia en todo el territorio estatal: esto es, un único juzgado por provincia. El plan se ha puesto en marcha sin dotar a los juzgados elegidos del personal necesario de refuerzo, ni de los medios materiales para poder ejercer con eficacia su labor. Además, tampoco se exime a dichos juzgados de manejar otros litigios ajenos a la cláusula suelo, por lo que, sin refuerzo y con la avalancha de denuncias que se espera tras el fiasco del proceso extrajudicial del Gobierno, la saturación de los juzgados y la ralentización de los procesos se da por hecho.
FACUA denuncia que dicho plan se ha sacado adelante en contra de todo el sector judicial, y con la clara y pública oposición de todos los organismos y asociaciones de abogados, jueces y funcionarios judiciales. En la práctica, este plan no ayuda a los afectados ni agiliza los procesos, y tan sólo provocará seguir ayudando a la banca con nuevas trabas para el resarcimiento de un fraude masivo así declarado en los más altos tribunales.
La asociación considera que el plan implica una fuerte injusticia para el consumidor dado que sólo habrá un juzgado por provincia, especialmente para los que tengan que desplazarse al municipio en el que se encuentre centralizado el procedimiento. La designación por criterios geográficos y sin atender a otras circunstancias como el número de población afectada o el número de asuntos pendientes del juzgado en cuestión hace que esta dotación sea claramente insuficiente y en muchos casos pueda provocar aún más retrasos para los afectados. Además, estos juzgados recibirán no solamente los asuntos relacionados con la cláusula suelo, sino también con otras cláusulas abusivas en relación a los préstamos hipotecarios, como la cláusula de vencimiento anticipado, los intereses moratorios, gastos de formalización de hipotecas, etc, que se registren en la provincia. Esto supondrá una multiplicación de los asuntos que tienen que atender para los que no están siendo reforzados, valora FACUA.
Además, la saturación del juzgado implicará un mayor plazo de tiempo hasta que pueda recuperar su dinero y una mayor inversión en el procedimiento judicial (pago de provisiones de abogados, procuradores, etc), lo que seguro desalentará a muchos a declarar.
Desde diferentes asociaciones de abogados y secretarios judiciales ya se ha denunciado que en los dos primeros días de funcionamiento del plan, que estará en vigor hasta el 31 de3 diciembre de 2017, la descoordinación es total, falta personal y en general no hay información suficiente.