El Pleno de la Corporación celebró junta general universal ordinaria de las sociedades municipales en proceso de liquidación para aprobar sus cuentas correspondientes a 2012, inscribirlas en el Registro Mercantil, para posteriormente poder exigir que se diriman las responsabilidades civiles o penales de los anteriores responsables municipales que formaban parte de sus órganos de dirección responsables de la gestión de dichas empresa. Se trata de Servicios Municipales Estepona SL; Desarrollos Municipales Estepona SL; Empresa Municipal de la Vivienda SL; Empresa de Planificación y Desarrollo Urbanístico de Estepona SL; Promoción y Comunicación Estepona SL y Turismo y Actividades Recreativas SL.
Estas sociedades municipales tenían acumulada una deuda de 78 millones de euros cuando el equipo de gobierno llegó a la Alcaldía en junio de 2011 y se encontraban, como consecuencia de este débito, en causa legal de disolución, por lo que el equipo de gobierno adoptó en agosto de 2011 el acuerdo de disolver dichas sociedades. «Solo la gestión de estas empresas han supuesto un boquete en el Ayuntamiento de Estepona por valor de 78 millones, y eso no se puede permitir. Lo que no se va a hacer es dejar que esto no tenga responsabilidad, y que se pueda cerrar carpeta sin que nadie explique en sede judicial por qué se generó esta deuda, por qué se contrataron a más de 700 personas sin ningún proceso selectivo en estas sociedades y por qué se emitieron facturas sin ningún tipo de control, por valor de 78 millones de euros», ha explicado el concejal del área Económica, Manuel Aguilar.
El edil ha reiterado que estas empresas se usaron «libremente» por parte de gobiernos anteriores para contratar a personal y contratar servicios «sin ningún tipo de control y escapando al Derecho Administrativo» que rige el funcionamiento de la administración; al tiempo que ha recordado que la deuda heredada en junio de 2011 ascendía a 300 millones de euros, y que ya se ha reducido en más de 20 millones de euros en estos dos años. El responsable del área Económica ha reiterado la mala gestión en estas sociedades por parte de los anteriores responsables municipales, que «malgastando los impuestos y el patrimonio de los ciudadanos, provocaron que se llegara al caos económico en el Ayuntamiento». «Será en sede judicial donde se tenga que dirimir estas responsabilidades legales –que podrían ser civiles o penales– por una gestión «que nunca se debería haber permitido», ha agregado.
En este sentido, ha precisado que dos de las seis empresas municipales, «no tenían ingresos porque carecían de actividad; si bien, sirvieron para la contratación durante anteriores mandatos de la mayoría de las 700 personas que tenían en plantilla». Aguilar ha señalado que la legislación mercantil por la que se rigen estas empresas municipales exige que las mismas tengan un patrimonio equilibrado y apuntó que, pese a este imperativo legal, las sociedades municipales de Estepona siguieron contratando servicios y personal durante años, pese a esta situación de insolvencia y pese a encontrarse en causa legal de disolución. Asimismo, ha precisado que dichas sociedades no tenían inscritas sus cuentas en el Registro Mercantil; trámite que el año pasado el equipo de gobierno llevó a cabo para las cuentas de estas empresas correspondientes a los ejercicios 2009, 2010 y 2011, y que ahora se realiza para las de 2012.
