La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha rechazado en un auto, de fecha 28 de mayo de 2014, la incorporación de los documentos solicitados por CCOO y otros para intentar anular el ERE llevado a cabo en Estepona “por tratarse de documentos que CCOO trata de presentar como una realidad cuando no constituyen sino deducciones de esa misma parte carentes de tal valor como prueba”. Contra dicha resolución del Supremo no cabe recurso. Sobre este asunto, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dio la razón al Ayuntamiento ya en el año 2012 y declaró “ajustado a derecho la extinción de la relación laboral” llevada a cabo. Así, para el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía las causas objetivas que justificaron esta necesidad de reducir la plantilla fueron de naturaleza económica y organizativa. El excesivo peso de la plantilla, en torno al 90% sobre los ingresos, resultaba desde el punto de vista económico “insostenible”, como consecuencia de la existencia de 1.362 empleados, como avaló el TSJA. La concejala de Personal, Pilar Fernández-Fígares, ha recordado a este respecto que tuvieron que hacer frente a una deuda de 300 millones de euros del anterior gobierno y que “hubo un largo proceso de negociación con los sindicatos, el equipo de gobierno estuvo abierto a todas las alternativas procedentes de los sindicatos que fueran viables y que lograran aminorar en seis millones de euros el gasto de la plantilla, para obtener el equilibrio entre ingresos y gastos; si bien, sus propuestas reales se quedaron muy lejos de este objetivo, planteando aspectos que eran inviables”.
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