La Sala de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha desestimado el recurso presentado en el año 2005 por la mercantil Bermejo Hijos Transportes Excavaciones SA, contra el acuerdo del pleno del 16 de marzo de 2005, en el que se aprobó el Expediente de Adaptación del Plan Parcial de Ordenación del Sector SUP-TO5 «Valle Romano», cuando era alcalde de la localidad Antonio Barrientos.
La parte demandante impugnó dicho acuerdo plenario alegando que el proyecto contenía calificaciones del suelo distintas a las del PGOU y que se habían usurpado competencias a la Junta de Andalucía. Se trataba por tanto de dilucidar un conflicto de intereses entre dos partes: por una, la mercantil Bermejo Hijos Transportes Excavaciones SA, que se consideraba perjudicada tras la aprobación de ese expediente urbanístico, y por otra el Ayuntamiento de Estepona y la mercantil Valle Romano. Tanto el Ayuntamiento de Estepona como Valle Romano alegaron que ese expediente urbanístico, que contemplaba el plan de adaptación del sector objeto de impugnación, ni clasificaba suelo ni modificaba el Plan General de Ordenación Urbana-PGOU- del 94. Además también defendían que el Consistorio no había usurpado competencias de la Junta de Andalucía.
Al final han sido siete los magistrados del TSJA los que han dado la razón al Ayuntamiento y a Valle Romano, en una sentencia emitida el pasado mes de mayo. El Alto Tribunal de Andalucía, amparándose en diversas sentencias de nuestro Tribunal Supremo, ha confirmado que no hubo alteración de los parámetros urbanísticos fundamentales, que ese expediente contó con todos los informes técnicos y jurídicos favorables y además obtuvo el visto bueno de la Delegación Provincial de Obras Públicas, dependiente de la Junta de Andalucía.
Por otra parte, esta sentencia que confirma que en el expediente urbanístico de Valle Romano no hubo irregularidad administrativa alguna, podría tener una importante influencia en el devenir del caso Astapa. A este respecto conviene recordar que la policía mantenía la hipótesis que si Valle Romano patrocinaba obras sociales, eventos deportivos o culturales en nuestro municipio podría deberse a que había recibido a cambio un trato de favor. Sin embargo, esta sentencia tumba las especulaciones policiales, confirma que no hubo trato de favor y corrobora la absoluta legalidad de ese expediente urbanístico.
Como dice el dicho popular, el tiempo siempre termina poniendo las cosas en su sitio.