El que fuera líder del Partido Estepona, José Ignacio Crespo, ha realizado por escrito un reconocimiento de hechos y ha llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción. Este acuerdo, plasmado en un documento conjunto entre el fiscal y la defensa, supone una rebaja de la pena solicitada tras el escrito de reconocimiento de hechos remitido por parte del procesado.
Inicialmente, a Crespo se le acusa por un delito de falsedad, en concurso con los delitos de fraude y malversación, además de cohecho pasivo y prevaricación; todos con carácter continuado. Por esto, el fiscal solicitaba en sus conclusiones provisionales una condena a diez años de cárcel, 34 de inhabilitación y el pago de una multa de un millón de euros.
A raíz del reconocimiento, el ministerio público mantiene los delitos por los que le acusa pero rebaja su petición de condena, al considerar que se debe aplicar la circunstancia que atenúa la pena de dilación extraordinaria e indebida como muy cualificada, solicitando dos años de cárcel y ocho años y nueve meses de inhabilitación. La defensa se muestra a favor de esta modificación.
En el escrito del acusado, este reconoce su «culpabilidad en cuanto a mi participación en los hechos» y pide perdón «por todos los errores cometidos» tanto los que relata como los que pueda haber olvidado por el «largo» tiempo transcurrido. «Si volviera a estar en mi mano, no volvería a hacerlos», ha dicho, aunque entiende que hay «alguna injusticia en enjuiciar unos hechos acaecidos hace 20 años a la luz de la conciencia actual, que entonces no existía».
«Aquel modus operandi era, entonces, moneda corriente en la práctica totalidad de la administración española, sin que ello pretenda ser un alegato exculpatorio», señala el acusado, quien en dicho documento admite que era «conocedor en todo momento de la existencia de lo que la Fiscalía ha dado en denominar Caja B y que yo he concebido siempre como ‘aportaciones voluntarias'».
Entendía que eran «algo así como unos ingresos extraordinarios procedentes de promotores, inmobiliarias, proveedores municipales, fondos que se utilizaban para pago de nóminas y nutrir las partidas para gastos corrientes del Ayuntamiento»; así como también para financiar conciertos, eventos culturales, patrocinios y aportaciones a asociaciones o entidades.
Pero, ha desmentido algunas de las imputaciones, de forma que niega su participación en la negociación de convenios urbanísticos. «Nunca he impartido ninguna directriz, ni directa ni indirectamente, para influir en ningún técnico al tiempo de realizar las valoraciones de los aprovechamientos urbanísticos», asegura Crespo de Luca en el escrito presentado.
El acuerdo de conformidad alcanzado por José Ignacio Crespo en el caso Astapa supone una rebaja en la petición de condena por parte del ministerio público. El acusado ha reconocido su culpabilidad en los hechos y ha pedido perdón por los errores cometidos, aunque ha desmentido algunas de las imputaciones. Se espera que el acuerdo sea ratificado por las partes en la vista oral.
Crespo ha reconocido haber participado y respaldado la existencia de aportaciones voluntarias, por lo que se hace corresponsable de las prácticas ilícitas e ilegales. Además, admite haber sido favorecido en algunas ocasiones por su apoyo a la aprobación de convenios, por los cuales recibió gratificaciones de dos entidades.
Asimismo, asume la responsabilidad por no cumplir con el procedimiento legalmente establecido en cuanto a contratos y concesiones administrativas realizados desde la Delegación municipal de Servicios. Sin embargo, asegura que no fue con el propósito de obtener recompensas ni favorecer los intereses de ningún empresario, sino debido a la competencia suicida entre los socios de gobierno.
Crespo señala que el encargado de la financiación irregular del PES era Manuel Reina, quien ya llegó a un acuerdo de conformidad con el fiscal tras admitir los hechos. No obstante, reconoce que todos estaban comisionados y autorizados para recibir cualquier contribución, lo que lo hace corresponsable.
Sin embargo, destaca que no ha tenido incrementos patrimoniales injustificados y que todo lo que tenía antes de entrar en política ya lo poseía. Esto lo acreditó con un informe económico.
El fiscal considera que Crespo no intervino directamente en procesos de negociación o preparación de convenios de planeamiento y de monetización de aprovechamientos urbanísticos. No obstante, entre 2003 y 2007 los respaldó y contribuyó esencialmente a la generación de una fuente extraordinaria de ingresos.
Estos fondos se destinaron tanto a gastos corrientes como a la financiación de conciertos, eventos culturales, patrocinios y entidades deportivas o sociales de Estepona. Se sorteaban de forma sistemática los mecanismos legales de control y fiscalización de los ingresos y gastos municipales.
