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domingo, mayo 19, 2024

El Pleno aprueba la Ordenanza Reguladora del Registro de Demandantes de Viviendas Protegidas

El Pleno de la Corporación ha aprobado por mayoría, la Ordenanza Reguladora del Registro de Demandantes de Viviendas Protegidas, una vez elaboradas las bases de recogida y gestión de los datos que determinarán los requisitos que se exigirán a los demandantes de vivienda protegida para formar parte de los registros, lo que permitirá a las administraciones una mejor planificación de la oferta de vivienda protegida y, a los ciudadanos, disponer de unos sistemas de adjudicación de estos inmuebles más claros y transparentes.
    El plazo para que los ayuntamientos puedan elaborar dichas bases se inició el pasado 16 de julio con la publicación en el BOJA de la Orden que regula la selección de los adjudicatarios de vivienda protegida. Una vez aprobado hoy, será enviado, para su visto bueno, a la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, que lo aprobará definitivamente.
    El concejal de la Vivienda y Aparcamientos, Eduardo Alarcón, ya presentó en agosto de de 2008 el “Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida”, que sirve de base para la elaboración del Plan Municipal de Vivienda 2008-2012. El objetivo del Registro es “conocer la demanda real de viviendas que existe en el municipio, el perfil del demandantes y el tipo de inmueble, con lo que supondrá un instrumento fundamental para el desarrollo de políticas en materia de vivienda”.
        En el Censo Municipal se incluyen nuevos datos tanto económicos, como sociales, culturales o familiares de los demandantes.     Así, la información obtenida mediante la creación de este Registro servirá para obtener una completa información sobre la estructura actual de la demanda de vivienda protegida en Estepona y, concretamente, actualizar las condiciones familiares y los niveles de renta de los ciudadanos demandantes, lo que permitirá decidir cuántas viviendas se edifican en régimen de alquiler y cuántas en régimen de venta, o en régimen de alquiler con opción de compra, y cuáles deberán ser los precios de las futuras viviendas a promover que se acojan a los programas.
    Este nuevo sistema deberá estar implantado íntegramente en los Ayuntamientos andaluces el próximo 26 de diciembre y supondrá una simplificación de los trámites que deben hacer tanto los ciudadanos como las Administraciones. El programa cruza los datos aportados por el ciudadano con la información de la Agencia Tributaria, del Instituto Nacional de Estadística y del Catastro, comprobándose así sus ingresos, el lugar de empadronamiento y si posee otra vivienda en propiedad.
    El Plan Estatal de Vivienda incluye como condición indispensable para acceder a las ayudas contempladas en el mismo la existencia de los registros públicos de demandantes de viviendas protegidas. La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio pretende que en enero de 2010 los registros municipales estén constituidos conforme a la Ley y al Plan Estatal.
    La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio ha proporcionado a los Ayuntamientos apoyo económico y técnico para sufragar el coste de la puesta en marcha del registro de demandantes de vivienda; en los próximos días publicará la Orden de Subvenciones por un total de 3 millones de euros.
    Los ciudadanos pueden inscribirse en el registro de forma presencial, por teléfono y a través de Internet, en este último caso, con certificado digital. Junto a los datos socioeconómicos, los demandantes también podrán señalar el régimen de preferencia de vivienda (en alquiler o en venta) y las características del inmueble que requiere, así como su municipio de preferencia para obtener una VPO y otras dos localidades alternativas, si así lo desea.   
    Por su parte, los consistorios pueden establecer baremos dentro de sus registros por las características de sus adjudicatarios, ordenar los solicitantes por antigüedad o combinar ambos sistemas. Además, se suprimirán los sorteos por parte de los promotores de VPO, ya que, el Consistorio proporcionará al constructor una relación de los inscritos en los registros que cumplen las condiciones socioeconómicas exigidas para la promoción, con los correspondientes suplentes por si se produjera alguna renuncia.

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