El fiscal del ‘caso Astapa’ ha respaldado la petición formulada por varios de los investigados en ese procedimiento para que se incorporen a la causa testimonio de las actuaciones que se siguen en un juzgado de Madrid contra el ex-comisario José Manuel Villarejo. En la petición se hace referencia a presunta falta de veracidad en los informes policiales que les perjudicaron y en los importantes intereses inmobiliarios que tenía el comisario en Estepona, compartidos con personas que han testificado en esta causa.
En su escrito, fechado el pasado 20 de febrero y al que ha tenido acceso Diario Costa, el fiscal considera que para evitar indefensión de los investigados, la información debe obrar en la causa antes de su traslado a las defensas para su calificación, ya que es la única manera en que podrán aprovechar ese trámite para pedir nuevas aportaciones documentales o proponer nuevas pruebas. “Existe un interés legítimo en acceder a fuentes seguras de información y así poder conocer los hechos o entramados delictivos que se atribuyen a un antiguo mando policial que al parecer tuvo negocios en Estepona y pudo compartir intereses con personas que han testificado en la causa”, indica el representante del Ministerio Público. A este respecto, muchas de las personas investigadas sostienen la tesis de que todo el ‘caso Astapa’ fue un montaje supuestamente urdido para allanar el camino a determinados intereses urbanísticos en Estepona.
La petición que ahora respalda el fiscal ha sido formulada por varias de las personas investigadas, a partir del momento que tuvieron conocimiento, por informaciones publicadas en relación al comisario José Villarejo, tanto de los negocios e intereses en Estepona del comisario—compartidos con personas que han testificado en este procedimiento—como de la falta de veracidad de varios informes policiales elaborados al comienzo de la causa por un inspector de la UDEF. El primero esos informes policiales fue el que ocasionó el inicio de esta causa y está considerado como el pilar fundamental en el que se fundamenta gran parte del procedimiento. Según ha podido saber esta redacción, ese primer informe ha sido revisado a fondo por algunas defensas tras las informaciones publicadas, y argumentan que la falta de veracidad del mismo es absoluta.
Otros argumentos.
Otro de los escritos presentados en el marco de este procedimiento es el de un ex-concejal, también investigado en ‘Astapa’, que cuestiona uno de los testimonios ofrecidos durante la instrucción y que le perjudicaron. Según sostiene el ex–edil, en el escrito dirigido al juzgado que instruye caso, y al que también ha tenido acceso esta redacción, el empresario Juan Carlos Escribano, responsable de una sociedad que tenía intereses en Estepona, lo acusó en declaraciones realizadas ante la policía de haberle exigido, junto a la mujer del entonces alcalde Antonio Barrientos, una rebaja en la venta de inmuebles en el conjunto residencial ‘El Mirador de la Cala’ como condición para que se le aprobara una licencia. Cuando, en realidad, según el ex-edil, la licencia no se podía conceder por las irregularidades que presentaba la promoción.
El ex-concejal explica en el escrito presentado ante el juzgado que recientemente ha tenido noticia de que Juan Carlos Escribano fue detenido en el marco de la ‘operación Tándem’, que tiene a Villarejo como principal investigado, y que ambos son socios en ese conjunto residencial. Según un informe de Asuntos Internos de la policía citado en el escrito, Villarejo es propietario a través de su socio y colaborador David Macías de 18 pisos, entre ellos dos áticos, 20 trasteros /garaje y un local en esos edificios. En el local, según este informe, se sitúa la clínica Cenyt, también propiedad del policía, ya que muchas de sus inversiones con Escribano en Estepona se centran en el sector de la salud, sostiene el escrito presentado en el juzgado.
En la declaración formulada en diciembre de 2016, en su condición de investigado en ‘Astapa’, el ex-alcalde Antonio Barrientos aseguró que Escribano intentó conseguir la licencia de primera ocupación del citado inmueble, pero ello no fue posible porque varios técnicos del área de Urbanismo detectaron deficiencias e irregularidades y además tenía que abonar los excesos de aprovechamiento que le correspondían al Ayuntamiento. “Un tiempo después —sostiene el escrito del ex-edil— David Valadez (que sucedió a Barrientos como alcalde y posteriormente se supo que había presentado la denuncia que dio lugar a todo el procedimiento) contrató como gerente de Urbanismo a Diego de Lucas”. De Lucas—continúa indicando el ex-concejal—era una persona de absoluta confianza del comisario Villarejo y fue administrador único de ‘Sensible Code’, la empresa que edita el diario digital ‘Información Sensible’ de que la mujer del comisario, Gemma Alcalá, era directora y directora administrativa. Ya con Valadez en la alcaldía de Estepona y De Lucas al frente de la Gerencia de Urbanismo, el conjunto residencial ‘El Mirador de la Cala’ consiguió la licencia de primera ocupación sin resolver las deficiencias e irregularidades que los técnicos del área de Urbanismo del consistorio habían detectado en esa promoción y, sobre todo, sin abonar los excesos de aprovechamientos urbanísticos que le correspondían al Ayuntamiento (1.762,60 m2 en primera línea de playa), lo que suponía abonar al Consistorio alrededor dos millones de euros.
A este respecto, puede verse el artículo que sobre esta cuestión publicamos en Diario Costa, haciéndonos eco de una noticia de Diario Público, con el título de “El comisario José Villarejo, Astapa y Valadez: Escribano, el hombre que usó Villarejo para blanquear 20 millones de euros en Estepona”.
