El pasado mes de septiembre el Pleno de la Corporación aprobó entre otras medidas un recorte de los sueldos del alcalde, concejales y cargos de confianza del Ayuntamiento de Estepona. Dicha resolución fue publicada en el BOP del 15 de Octubre con lo que la medida adquirió firmeza y ejecutividad.
En cumplimiento de ello por parte de los habilitados y funcionarios municipales se dictaron las instrucciones necesarias para ejecutar dicho mandato y plasmar las disminuciones de sueldo citadas. Ello se lleva a efecto y como cada mes en la Delegación de Personal se elaboran las nóminas correspondientes, de hecho a día 03 de noviembre estaban confeccionadas, solo pendientes de la firma correspondiente y con liquidez suficiente para pagarlas.
El problema surge cuando ciertos afectados comprueban que sus nóminas, al contrario que en los últimos 16 meses, ya no superan los 3.500 € o los 5.000 € en el caso del alcalde. Estas personas, en vez de aceptar como hubiera sido exigible lo que el Pleno ha dictaminado, no solo no lo respetan sino que en su afán egoísta por burlar el mandato plenario ordenan que se modifiquen las nóminas para que a ellos no se les toque ni un céntimo.
Con ello, en primer lugar se ha dado un muy mal ejemplo pues no es admisible que el alcalde y los concejales, demócratas indubitados, sean tan irrespetuosos con las decisiones que emanan del órgano soberano de un pueblo como es el Pleno. Y en segundo lugar se perjudica injustificadamente a los trabajadores que por culpa del egoísmo e incapacidad de dichos ediles verán aún mas retrasado el pago de sus nóminas y en muchos casos dañadas sus economías.
Según el ordenamiento jurídico español, dictar una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia se denomina prevaricar. Asimismo, toda actuación de una autoridad dentro de su competencia, que utiliza su poder para una finalidad distinta de aquella para la que se le ha concedido adolece de lo que se denomina desviación de poder y para concluir recordar a algunos mandatarios olvidadizos que los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.
Este enésimo episodio de doble moral protagonizado por un equipo de gobierno absolutamente naufrago de ideas y en constante deriva cuyo único propósito parece consistir en mantenerse a flote con sus sueldos a buen recaudo, supone un desprecio hacía la institución que dirigen, hacia los trabajadores y hacia los ciudadanos de estepona cuyos bolsillos se está saqueando a golpe de impuestos.
Para concluir desde CSIF se exige al alcalde que al igual que él, sus concejales y sus cargos de confianza dicen aplicar sus potestades cuando privan a un trabajador de su salario suspendiéndole de empleo y sueldo sin permitirle tan siquiera abrir la boca, respeten las reglas del juego y por ende las competencias del Pleno Municipal que les guste o no está por encima de ellos
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