El concejal del área Económica del Ayuntamiento de Estepona, Manuel Aguilar, ha anunciado hoy que el Consistorio ha recibido un requerimiento por parte de la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en el que se comunica al Consistorio que tiene que justificar una subvención de cuatro millones de euros concedida en diciembre de 2009, “para atender pagos de carácter urgente que garanticen la prestación de los servicios públicos”, y en caso contrario, devolver esta cantidad económica junto con los intereses generados desde la fecha; esto es, unos cinco millones de euros.
Al respecto, el edil ha apuntado la “imposibilidad” de poder justificar ahora esta subvención concedida en 2009 -en su mayor cuantía para pagar al personal- porque “no se cumplió ningún parámetro de los requisitos por los que fue concedida: ni el plazo para gastar el dinero ni el concepto al que estaba dirigido”.
Para el concejal del área Económica esto es una muestra manifiesta de la “mala gestión elevada a la categoría máxima” y de la “irresponsabilidad” de los anteriores gobernantes que -en palabras del edil- han dejado al Ayuntamiento al borde del colapso económico y funcional; sin dinero para pagar los servicios más básicos y con un “rosario de trampas económicas que no tiene fin”.
“Lo lógico y normal en cualquier ayuntamiento es que esto no suceda y que se justifiquen todas las subvenciones que se piden; lo que no puede ser es que estas ayudas se soliciten mal, se gasten a destiempo y no se justifiquen, porque la consecuencia a la que nos enfrentamos ahora es la devolución de una cuantía de cuatro millones de euros, más sus intereses”, ha señalado el concejal, que ha precisado que esto va a originar que el 15% de las cantidades que paguen los ciudadanos de Estepona en su recibo del IBI del próximo año irá destinado a la devolución de esta subvención “malgastada”.
Durante su intervención, Aguilar se ha preguntado además por qué la Administración andaluza no reclamó la devolución de este dinero al equipo de gobierno responsable del uso del mismo y, por el contrario, ha esperado casi dos años para solicitarlo. “Cuando se concedió la subvención se establecía un plazo de dos meses para justificar que el dinero concedido se destinaba al fin para el que se había otorgado, este plazo terminaba el 7 de marzo de 2010. ¿Por qué no se hizo entonces, en lugar de esperar casi dos años?”, se ha cuestionado el concejal, que ha avanzado que el nuevo equipo de gobierno se está viendo obligado a negociar con las administraciones supramunicipales aplazamientos en la devolución de este tipo de ayudas económicas que los anteriores responsables locales “dilapidaron” para fines que no eran los previstos.
“No caben excusas. Si el anterior alcalde no fue capaz de justificar en casi dos años el buen uso de esta subvención, solo nos cabe plantearnos dos cuestiones: o la dejadez fue máxima o gastaron una subvención de cuatro millones de euros en algo que no era lo que habían solicitado”, ha indicado Aguilar.
En este sentido, el concejal ha recordado que no es el primer requerimiento que el Ayuntamiento recibe para justificar o devolver ayudas económicas concedidas durante el anterior mandato. Así, el edil ha recordado que las cantidades reclamadas por subvenciones concedidas ascienden ya a más de seis millones de euros, y en corto plazo, esta cantidad va a ser superior a 9,5 millones de euros, más intereses; esto es, unos 12 millones de euros. “Esto no hace más que complicar la situación económica del Ayuntamiento, muy dañado por la gestión de los anteriores responsables municipales”, ha concluido el responsable del área Económica del Ayuntamiento.
