La concejala de Vivienda, Susana Arahuetes, ha anunciado que ha iniciado los trámites para regularizar el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida con el objetivo de reactivar la adjudicación de una veintena de inmuebles que se encuentran finalizados. Arahuetes, ha explicado que el Consistorio pretende “legalizar y poner orden” al censo de demandantes porque “hemos comprobado que la anterior corporación no fue lo rigurosa que debió ser con un tema de esta importancia”, ya que las solicitudes no siguieron los trámites exigidos de presentación por registro de entrada, lo que dificultaba la posterior actualización de la documentación entregada.
Arahuetes ha señalado que todas esas peticiones han sido ahora sistematizadas y digitalizadas en un archivo para evitar “la dispersión documental”. En cuanto al sorteo, la edil responsable de Vivienda ha apuntado que se realizará para establecer un orden de antigüedad entre las más de 850 inscripciones que se recogieron en el Consistorio entre los días 17 y 28 de mayo de 2010. “Como fueron recibidas en el mismo periodo, tenemos que celebrarlo para determinar un orden de antigüedad que será el determinante a la hora de acceder a estas viviendas y a las futuras promociones que se lleven a cabo en el municipio”, ha indicado Arahuetes.
Tras la celebración del sorteo para los inmuebles pendientes en las promociones de La Lobilla, Cancelada-Retamar y Las Mesas, el Ayuntamiento podrá utilizar una aplicación informática facilitada por la administración autonómica para realizar la correcta inscripción de los solicitantes por orden de antigüedad. Con el sorteo, además de dar cumplimiento a lo establecido en la ordenanza municipal que regula la adjudicación de VPO, se “da un impulso definitivo a la efectiva implantación del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida”. En su opinión, “se trata de un instrumento estadístico básico que permite adecuar la demanda real de los interesados a sus circunstancias socio-económicas”, evitando de esta manera que las viviendas se adjudiquen de “forma arbitraria o caprichosa”.
Arahuetes ha comentado que el equipo de gobierno es “consciente” de la necesidad que tienen muchos ciudadanos de obtener una vivienda con condiciones más favorables a las que pueden encontrar en el mercado, por lo que “pondrá en marcha todos los mecanismos posibles para que los procesos de adjudicación se realicen con todas las garantías legales y ajustándose a lo establecido en la ordenanza municipal”.