El equipo de gobierno ha rechazado ante el SERCLA la propuesta planteada por el comité de empresa del Ayuntamiento de Estepona para que los empleados que fueron contratados sin proceso selectivo mediante las hoy extinguidas empresas municipales perciban el mismo salario que los funcionarios que accedieron al Ayuntamiento a través de oposiciones de méritos.
La teniente de alcalde del área de Personal, Pilar Fernández-Fígares, ha explicado que el planteamiento es “inoportuno” y no procede, ya que, “no hay razones económicas, laborales o motivos jurídicos” que sustente dicho planteamiento. La edil ha señalado que las políticas de austeridad llevadas a cabo en los últimos años han provocado un clima de afección entre la ciudadanía y el Ayuntamiento, y que, por tanto, hay que situar el bien general por encima de los intereses particulares de un colectivo.
Fernández-Fígares ha subrayado que los ciudadanos perciben que se prestan mejores y más servicios, pagando menos impuestos. Además, se ha referido a que el equipo de gobierno ha tenido como prioridad garantizar la estabilidad y la normalidad en el funcionamiento municipal, recordando que el equipo de gobierno desea eliminar la provisionalidad de los empleados laborales, que debe pasar por la convocatoria de oposiciones libres.
Asimismo, ha reiterado que desde que el equipo de gobierno llegó a la Alcaldía en junio de 2011 no se ha producido ninguna contratación y que ha habido cumplimiento de los compromisos adquiridos con los empleados municipales. De esta forma, se ha cumplido con el calendario de pagos acordado con los sindicatos y se ha saldado la deuda de más de cuatro millones de euros contraída entre 2009-2011 por incumplimientos en los pagos al personal municipal por parte de anteriores gobiernos socialistas.
En esta misma materia, hay que recordar que el equipo de gobierno también ha rechazado la propuesta del sindicato CCOO para que el Ayuntamiento de Estepona vuelva a poner en marcha el programa de puntualidad y absentismo laboral, la ayuda escolar, las prestaciones sanitarias (oftalmología y odontología), y la ayuda por natalidad, que supondrían, en su totalidad, el desembolso de más de dos millones de euros al año. El primero de estos complementos implicaría el abono de un millón de euros cada año para todos aquellos empleados que acudan a su puesto de trabajo y no se ausenten del mismo.
El Ayuntamiento adoptó la eliminación de estas cláusulas del convenio en agosto de 2011 para equilibrar los ingresos y los gastos, y fue una de las medidas imprescindibles que se tomaron entonces para garantizar la viabilidad económica de una administración, que en aquel momento arrastraba una deuda de más de 300 millones de euros, y que tenía en peligro la prestación de los servicios municipales. Esto ha supuesto, desde entonces, el ahorro de nueve millones de euros.