El Ayuntamiento de Estepona ha tenido conocimiento de la resolución del Tribunal Supremo en relación al Expediente de Regulación de Empleo (ERE), llevado a cabo en 2012, donde declara la nulidad de las actuaciones en el juicio celebrado en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
En este sentido, la concejala de Personal del Ayuntamiento de Estepona, Pilar Fernández-Fígares, ha precisado que el Alto Tribunal “en ningún caso declara la nulidad del ERE ni pone de manifiesto irregularidades o vulneración de derechos por parte del Ayuntamiento de Estepona en este procedimiento; de forma que el ERE sigue teniendo efectos respecto a la medida extintiva de la relación laboral”.
La responsable de Personal ha recordado además que la Fiscalía del Tribunal Supremo remitió escrito a la Sala Cuarta del Tribunal Supremo estimado improcedentes los recursos interpuestos por los sindicatos, en relación al ERE. La citada resolución de la Fiscalía consideró en sus conclusiones que las pretendidas infracciones alegadas por los sindicatos -CC.OO, UGT, ATAE y CSIF y el comité de empresa del Ayuntamiento- no debían prosperar porque “el despido colectivo no vulnera los derechos fundamentales ni libertades públicas, no incluyendo discriminación respecto del personal incluido en el mismo”, según la Fiscalía, que también señaló en el mismo escrito que “el Ayuntamiento entregó a la representación legal de los trabajadores, en el periodo de consultas, documentación suficiente, poniendo de manifiesto de forma detallada la situación económica y organizativa del Ayuntamiento”.
La edil ha recordado que “llevar a cabo despidos dentro de la plantilla ha sido la decisión más dolorosa para el equipo de gobierno y se abordó después de agotar y negociar con los sindicatos todas las vías posibles”. Así, ha señalado que las causas objetivas que justificaron esta necesidad de reducir la plantilla fueron de naturaleza económica y organizativa. En concreto, la necesidad de reducir en seis millones el gasto de personal procedente del cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria exigido por ley y que está permitiendo al Ayuntamiento hacer frente a sus obligaciones y a la prestación de más servicios e inversiones para la localidad.
El excesivo peso de la plantilla (en torno al 90% sobre los ingresos) resultaba desde el punto de vista económico insostenible, como consecuencia de la existencia de 1.362 empleados, de los que una parte prestan servicios de forma indirecta. De esta forma, ha recordado que hubo un largo proceso de negociación con los sindicatos y el equipo de gobierno estuvo abierto a todas las alternativas viables procedentes de los mismos; si bien, sus propuestas reales se quedaron muy lejos de este objetivo de reducir el gasto en seis millones de euros, planteando aspectos que eran inviables.
