El próximo 10 de mayo el Ayuntamiento de Estepona celebrará un sorteo para establecer el orden de antigüedad de las solicitudes de inscripción que se recibieron en mayo de 2010 en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.El acto, que tendrá lugar en el Palacio de Ferias y Congresos, servirá para ordenar las más de 850 inscripciones que se tramitaron entre los días 17 y 28 de mayo de 2010.
La concejala, Susana Arahuetes, ha explicado que los datos del sorteo podrán ser consultados por los interesados en el Servicio de Vivienda del Ayuntamiento que se encuentra ubicado en el edificio Puertosol durante los próximos diez días hábiles. De este modo, se garantiza que los demandantes puedan realizar cuantas alegaciones, observaciones y sugerencias consideren oportunas.
Por otra parte, la responsable municipal ha señalado que el sorteo permitirá “legalizar y poner orden” al censo de demandantes, ya que las solicitudes presentadas en mayo de 2010 “no siguieron los trámites exigidos de presentación por registro de entrada, lo que dificultaba la posterior actualización de la documentación entregada”. Ante esta situación, el equipo de gobierno abogó por sistematizar y digitalizar en un archivo toda esa información para evitar la “dispersión documental”.
Asimismo, la concejala de Vivienda ha señalado que, una vez celebrado el sorteo, el Consistorio también podrá utilizar una aplicación informática facilitada por la administración autonómica para realizar la correcta inscripción de los solicitantes por orden de antigüedad. “Con el sorteo, además de dar cumplimiento a lo establecido en la ordenanza municipal que regula la adjudicación de VPO, se da un impulso definitivo a la efectiva implantación del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida”, ha apuntado Arahuetes.
La edil ha subrayado el compromiso que tiene el equipo de gobierno con los ciudadanos que necesitan obtener una vivienda con condiciones más favorables a las que pueden encontrar en el mercado inmobiliario, por lo que “vamos a poner en marcha todos los mecanismos posibles para que los procesos de adjudicación se realicen con la mayor celeridad y con todas las garantías legales”.