La alcaldesa de La Línea de la Concepción, Gemma Araujo, y el teniente de alcalde responsable de las sociedades municipales, Francisco Espada, han mantenido este lunes una reunión con los 15 trabajadores de la Sociedad Municipal Matadero Linense S.L. y con sus representantes sindicales de UGT. Esta reunión, solicitada por este colectivo, ha servido para exponer todos los pormenores que han rodeado la situación de cierre de estas instalaciones. La sociedad arrancó su proceso de disolución en noviembre de 2010, bajo mandato del anterior alcalde, Alejandro Sánchez, y teniendo como liquidador al ex concejal Gabriel Gonzálvez, todo ello tras acuerdo de su junta general. Al incorporarse el actual equipo de gobierno al Ayuntamiento en junio de 2011 se encuentra un embargo sobre las instalaciones, las cuales fueron enajenadas del patrimonio de suelo municipal y aportadas como capital social a la sociedad por el ex alcalde Juan Carlos Juárez. Dicho embargo fue como consecuencia de un préstamo con garantía hipotecaria. Al no ser satisfecho se inició el proceso de subasta de los bienes. El actual equipo municipal de gobierno hizo frente levantando la hipoteca para salvar las instalaciones. Se le suma la existencia de un contrato con una asociación de ganaderos muy perjudicial para la propia sociedad municipal, ya que se ponía a disposición de esta asociación la totalidad de los trabajadores a cambio de 15.000 euros mensuales, cuando el coste salarial suponía 40.000. Se agrega igualmente a lo dicho que la deuda de la sociedad con la Tesorería General de la Seguridad Social y con la Agencia Tributaria alcanzó más de 2 millones de euros, ya que nunca se abonó cantidad alguna a esos organismos. En todo momento la intención municipal ha sido la de que aquellos trabajadores que estaban en la plantilla del Ayuntamiento y que de un día a otro pasaron a la sociedad municipal sin explicaciones, y que incluso algunos trabajaron para el Ayuntamiento siendo de la sociedad, se reincorporaran a la plantilla municipal. No obstante, informes técnicos argumentaban la ilegalidad de esa pretensión. Dado que la sociedad, mediante junta general, aprobó la disolución, no quedaba más remedio que despedir a los trabajadores siendo dicha solución tomada por un imperativo legal en base a pérdidas, sin que se pueda levantar y volver a reintegrarlos. Se les ha explicado igualmente que la deuda pendiente en salarios e indemnizaciones iba a afrontarse mediante las instalaciones, ya que están valoradas por encima de la deuda con los operarios. El Ayuntamiento, al ser socio único de la sociedad, podría hacerse cargo de los derechos y obligaciones de la misma con tal fin. Este planteamiento para pagar a los trabajadores se tuerce cuando hace pocos días, el 11 de marzo, se recibió una notificación de la Agencia Tributaria informando de la subasta de las instalaciones en virtud de otro embargo, el cual fue comunicado al anterior alcalde el 29 de noviembre de 2010 y a un acuerdo por el que se abonaría mediante pagos aplazados para evitar el embargo, acuerdo del que en ningún momento se tiene constancia por parte del actual equipo de gobierno. Al igual que con la sociedad Somdeco, este equipo municipal de gobierno se ve forzado por impertativo legal, como consecuencia de las acumuladas pérdidas de una nefatas gestión llevada a cabo, a despedir a los trabajadores de estas sociedades, hecho que se lamenta profundamente y al que se hace frente con la responsabilidades de quien gobierna y por el juramenteo de hacer cumplir la ley, pero no como partícipes y causante de tal desenlace.
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