Hace unos días el gobierno municipal de Estepona anunciaba que someterá al Pleno de la Corporación la resolución, por mutuo acuerdo, de un convenio urbanístico de 4 de marzo de 2005, que supone la renuncia por parte de la sociedad Patrimonial Adonara a la futura exigencia al Ayuntamiento de una posible indemnización de 5,6 millones de euros por el incumplimiento del mismo.
A este respecto, conviene recordar que desde hace ya muchos años, concretamente desde el 14 de julio del año 2000, estaba previsto que en esa parcela se construyese un pequeño comercial de 2.000 metros cuadrados y una estación de servicio de 500 metros cuadrados. Hasta tal punto es así, que los propietarios tenían su licencia de obras absolutamente legal, concedida 8 de octubre de 2001, y hasta empezaron su construcción.
Sin embargo, algunos vecinos de la zona no eran partidarios de que se construyese en la misma una estación de servicio y así se lo manifestaron al gobierno municipal de aquella época. Ante esa petición, fue el gobierno de Barrientos quien, tras arduas negociaciones con los propietarios de los terrenos, consiguió que estos paralizaran las obras y que aceptasen que los terrenos fuesen reclasificados como de uso residencial para construir viviendas. Obviamente, y tal como exige la legalidad vigente, ese cambio de clasificación se incluiría en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que el Ayuntamiento había iniciado a instancia de la Junta de Andalucía.
No obstante, cuando llegó Valadez a la alcaldía, paralizó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y como consecuencia de ello se anuló el acuerdo al que se había llegado con los propietarios de esos terrenos. Además, ahondando sobre este asunto, el propio Valadez también incluyó ese convenio en su denuncia inicial que dió lugar al caso Astapa, cuando ese convenio se había llevado a cabo por recoger las peticiones vecinales y cuando perjudicaba claramente a los propietarios, entre otras cosas por el gasto que ya habían realizado los propietarios: construcción de marquesina, alcantarillado, depósito de combustible, etc. etc.
Ahora, lógicamente, los propietarios han pedido lo que por ley les corresponde y además han reclamado los daños y perjuicios que el Ayuntamiento les ha causado por paralizar Valadez el acuerdo al que llegaron con Barrientos, solicitando una indemnización de 5,6 millones de euros al actual consistorio.
Ante esa petición, el nuevo gobierno municipal no tiene otra salida que respetar y mantener el acuerdo del año 2000 tanto para ahorrarse pagar esa millonaria indemnización, que en definitiva saldría del bolsillo de todos los esteponeros, como por no aumentar la colosal deuda de 300 millones de euros que dejó el propio Valadez.
Ahora Valadez critica públicamente esa decisión, cuando resulta que es él el máximo responsable de la misma, tanto por su más que demostrada incapacidad como por su evidente desidia creyendo que no existen las hemerotecas para poder contrarrestar sus actuales declaraciones.
Por tanto, para cualquier ciudadano medianamente informado, resulta muy poco creíble que quien ejerció de pirómano en este asunto pretenda ahora presentarse ante los vecinos como bombero.
© Diario Costa All rights reserved.