· Las declaraciones, audios y agendas del comisario Villarejo demuestran su importante papel en el estallido de este caso.
No se debe permitir que la tan repetida frase de “una justicia lenta no es justicia”, nos aleje de la profundidad de su significado. Y ello conlleva que todos tenemos derecho a la tutela judicial efectiva y que la misma tenga la categoría de Derecho Fundamental, estando dicho derecho reconocido tanto a nivel estatal, en el artículo 24 de la Constitución,
como a nivel europeo, en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión. Y la Tutela Judicial Efectiva implica además tener derecho, entre otras cosas, a un proceso sin dilaciones indebidas. Así, el propio Tribunal Constitucional ha afirmado que la lentitud judicial no tiene cabida en nuestra Constitución y ha indicado que se debe otorgar amparo a los ciudadanos que sufran los perjuicios de esta lacra.
Pues bien, si hay un caso paradigmático de justicia lenta en España ese es el caso Astapa, que ya ha batido el récord de lentitud en la historia judicial española y que supone, de facto, la quiebra de nuestro estado de derecho.
A este respecto, hay que indicar que la semana pasada, comenzó en la Audiencia de Málaga, el juicio sobre este caso, más de dieciséis años después que dos concejales socialistas, David Valadez y Cristina Rodríguez, pusieran una denuncia el 16/11/2006, en la sede central de
la UDEF en Madrid, contra sus compañeros en el Ayuntamiento de Estepona, funcionarios y empresarios. Sobre esta cuestión, siempre llamó la atención que los denunciantes se trasladaran a Madrid, cuando existían varios juzgados en Estepona, además de una Comisaría de la Policía Nacional, una Casa Cuartel de la Guardia Civil, una Comisaría de la Policía Municipal y una Fiscalía Anticorrupción en Málaga. Igualmente, resulta también insólito que los denunciantes presentaran su denuncia tres años y medio después de estar compartiendo gobierno con los denunciados, cuestionando lo que ellos mismos habían aprobado y defendido en los Plenos municipales, especialmente una supuesta infravaloración de los convenios urbanísticos, basándose para ello en un informe de la empresa Codelsa, informe que como ha podido comprobar esta redacción, ni existe, ni está en el procedimiento.
Por otra parte, hay que indicar que los hechos denunciados que se solventarán en el juicio que comenzó la semana pasada, ocurrieron entre los años 2003 y 2007, es decir que algunos de ellos sucedieron
hace ya más de veinte años. ¿Alguien puede entender que puedan enjuiciarse ahora unos hechos ocurridos hace ya veinte años? ¿Puede cualquier ciudadano vivir tantos años en la incertidumbre, con todos los problemas para la salud que eso supone? No hay que olvidar que ya han fallecido diez personas afectadas por este procedimiento.
Igualmente hay que resaltar que, en estos primeros días, en el trámite denominado “cuestiones previas”, las defensas de las personas encausadas han denunciado ante tribunal las numerosas irregularidades cometidas durante la instrucción de esta causa y le han pedido que dé por nulo este proceso. Así, algunas defensas han pedido que se abra una investigación sobre el alcance de la participación del comisario Villarejo en el inicio y posterior desarrollo de este caso—el
propio Villarejo ha reconocido en el Congreso de los Diputados su participación—.
A este respecto, la abogada de Antonio Barrientos, ex alcalde de Estepona, durante su intervención ante el tribunal de la Audiencia Provincial, denunció que el comisario Villarejo “contó con un grupo de policías para hacer informes falsos en el caso Astapa y fabricó pruebas”, además de negociar y chantajear a empresarios con la información que obtenía a través de su cargo en la Policía. Sobre esta cuestión hay que resaltar que la Unidad de Asuntos Internos de la policía destapó una compleja trama societaria montada por el comisario Villarejo destinada presuntamente al blanqueo de fondos y revelaba, entre otras cuestiones, que el ex comisario contaba con importantes intereses inmobiliarios en Estepona, donde su hombre de confianza ,
Diego de Lucas, fue nombrado—por el otrora denunciante y después alcalde, David Valadez—, Gerente de Urbanismo de Estepona tras el caso Astapa. El informe de Asuntos Internos destacaba también el papel en el entramado del empresario Juan Carlos Escribano, promotor de la urbanización Mirador de la Cala, una de las urbanizaciones de la red de Villarejo en Estepona y que durante el gobierno de Barrientos estuvo bloqueada a causa de las deficiencias detectadas por los técnicos, y que fue desbloqueada posteriormente por Valadez y Diego de Lucas.
Sobre los informes policiales que propiciaron el inicio de esta causa, el
letrado Antonio Caba, ex-alcalde de Estepona, señaló que al revisar la
instrucción «no sabía si estaba leyendo el acto quinto de Macbeth o el
‘planning’ de una cacería para ver a quien quitar de en medio, profesional y políticamente» y consideró más que acreditada «la manipulación policial de la instrucción desde su mismo inicio».
Igualmente, las defensas han denunciado que la investigación de este caso fue claramente prospectiva, cuando el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos prohíben, bajo pena de nulidad radical, las denominadas “investigaciones prospectivas”; que se incluyeron en la causa pruebas de manera ilícita y que además se manipularon; que se vulneraron derechos fundamentales tanto en las intervenciones telefónicas como en las detenciones y registros; que la fiscalía no respetó la legalidad tanto en el trámite de la denuncia como en el posterior escrito de acusación; que realmente la causa estuvo bajo secreto más de nueve años y medio, algo inasumible en un estado de derecho y que provocó la vulneración de varios principios constitucionales, etc. Las defensas han señalado que una causa con estas incidencias, vicios e irregularidades no puede ser asumida por un estado de derecho.
Por su parte, el Ministerio Fiscal, admitió algunas anomalías en la instrucción aunque les quitó importancia; rechazó los argumentos de las defensas y se mostró contrario la suspensión del juicio.
Sobre Villarejo reconoció que tenía inversiones en Estepona y contactos con el otrora denunciante y después alcalde, David Valadez y con el gerente de Urbanismo, Diego de Lucas; pero dijo que no saber si intervino en la denuncia que se puso en Madrid, ni tampoco sabía por qué Valadez nombró a Diego de Lucas como gerente de urbanismo. Igualmente admitió que “Villarejo aprovechó su cargo para mantenerse al corriente de la investigación, pero no la controló, y que se aprovechó de la situación para favorecer sus intereses inmobiliarios en Estepona”. Finalmente apuntó que “no le asustaba descubrir la verdad y si se había equivocado actuaría en consecuencia”.
Ahora el tribunal de la Audiencia Provincial que juzgará el caso tendrá que resolver qué hacer o cómo investigar el importante papel del comisario Villarejo en este caso. Igualmente tendrá que decidir si declara la nulidad de todo el proceso, o solo una parte del mismo, debido a la vulneración de los principios constitucionales y de los derechos fundamentales que han puesto sobre la mesa las defensas de los encausados. A este respecto, el presidente del tribunal, Andrés Rodero, manifestó que se pronunciaría sobre todas estas cuestiones antes del próximo nueve de marzo.