A lo largo del primer trimestre del curso 2019/20, CGT ha presentado centenares de denuncias por ratios ilegales en centros de toda la geografía andaluza.
La Consejería de Educación y Deporte incumple reiteradamente las leyes sobre el número de alumnado permitido en todas las etapas educativas.
El Decreto 9/2017, de 31 de enero, por el que se modifica el Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados, establece con claridad las ratios máximas de alumnado por unidad escolar en Andalucía: Educación Infantil y Primaria (25/aula) Educación Secundaria (30/aula) Bachillerato (35/aula). FP—Grados Medio y Superior (30/aula), FPB (20/aula).* El mismo decreto añade que la Consejería competente en materia de Educación podrá autorizar un incremento de hasta un diez por ciento del número máximo de alumnos y alumnas por unidad escolar (…) bien por necesidades que vengan motivadas por el traslado de la unidad familiar en el periodo de escolarización extraordinaria, debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres, tutores o guardadores, bien por adopción o por el inicio o modificación de otras formas de protección de menores. No se menciona ninguna otra casuística que justifique el incremento de las ratios ordinarias. El incremento ordinario y generalizado de hasta un 10% de estas ratios que han sufrido muchos centros desde el año 2012 en Andalucía se amparaba legalmente en un Real Decreto-Ley del Gobierno Central (14/2012), que permitía a las Comunidades Autónomas incrementar las ratios ordinarias hasta un 20% de forma generalizada por razones de ajuste presupuestario. Desde la publicación de la Ley 4/2019, de 7 de marzo, dicho Real Decreto-Ley está derogado parcialmente, y ya no hay más motivo legal para incrementar las ratios de alumnado que el anteriormente citado. Si no se da esa casuística, cualquier incremento de la ratio de alumnado sería ILEGAL.
¿A quién perjudica?
Toda la comunidad educativa resulta perjudicada por este incremento: Las aulas se masifican y se generan problemas de falta de espacio. La atención personalizada al alumnado y a las familias por parte de su tutor/a se ven dificultadas. La carga de trabajo de todo el personal docente se ve incrementada, tanto en el aula como en tareas burocráticas. Por cada unidad de Infantil y Primaria que no se desdobla se pierde un puesto de trabajo docente, y más de 1,5 en el caso de Secundaria y Bachillerato. Esta pérdida de empleo la sufre el personal interino. Al disminuir la plantilla docente de muchos centros hay menos opciones de movilidad en concursos de traslados para todo el profesorado. El recortar unidades en un centro conlleva otros efectos secundarios: una merma en el cálculo de reducción de los equipos directivos, menos profesorado de apoyo, menos horario para guardias de recreo…
Sobre la situación la CGT ha dado el primer paso ha sido denunciar por escrito la situación ante la correspondiente Delegación Territorial y reclamar que se subsanase. Estamos convencidas de que el número real es infinitamente mayor, por lo que esta práctica se ha convertido en norma. Las Delegaciones se han mostrado opacas para facilitar datos de ratios que superasen el límite establecido y no han desdoblado los grupos que las sobrepasaban para restablecer la legalidad.
A la vez que se perdían 415 unidades en la escuela pública y aumentaban las concertadas, este curso la Consejería no ha tenido ningún miramiento en saltarse las leyes y dejar a cientos de profesionales en la calle en lugar de estabilizar a su personal interino.
Ahora que, con la publicación del Decreto y la Orden de Escolarización, es cada día más evidente la estrategia de acoso y derribo a la educación pública, es más preciso que nunca denunciar a la Consejería.
«Desde CGT hemos iniciado la vía judicial en algunos casos especialmente escandalosos, como el de varios grupos con una ratio de 29 en colegios de tres pueblos de Sevilla. Del total de 516 ratios denunciadas, destacan las 117 de la provincia de Granada, 157 en Huelva y 173 en Sevilla.»