El ex alcalde de Estepona negó en su primera declaración ante la instructora del caso Astapa que existiera en el Ayuntamiento un sistema de doble o triple contabilidad. Según su declaración, incluida en la parte del sumario cuyo secreto fue levantado hace unos días, el ex regidor, que dijo tener unos ingresos de unos 4.800 euros mensuales, afirmó que no recibió dinero en metálico en sus dependencias particulares.
Admitió haber recibido obsequios en especie, los normales, como botellas de champán en Navidad y algunos más de este tipo. Negó haber adquirido inmuebles a empresarios a través de sociedades, aseverando que sólo tiene su casa hipotecada y otra de su madre mediante un contrato privado. Aseguró que las empresas que tenían convenios con el consistorio no financiaron ilegalmente al PSOE ni aportaron en especie nada ni a él ni al partido.
Barrientos admitió que era cierto que hubo eventos que fueron patrocinados por algunas firmas y aseguró que estas aportaciones fueron voluntarias y altruistas y que no sólo se hacían en Estepona sino en otras muchas ciudades. Negó que influyera en otros compañeros de corporación para que se contratara a personas en el Ayuntamiento o en empresas municipales. Reconoció que el Ayuntamiento de Estepona, como otros muchos, tenía problemas de financiación aunque aseguró que cuando había estos problemas él no se dirigió a empresarios sino que intentaron resolver esas deudas económicas tomando medidas de tipo impositivo, porque recientemente habían aumentado las restricciones legales para disponer del dinero procedente de los convenios urbanísticos.
Sobre el urbanismo, aseguró que los empresarios iban primero a hablar con él y le exponían los términos del convenio y después se veía con los jefes de servicios técnicos y demás funcionarios y con el jefe de gabinete de alcaldía. Pero apuntó que el que decidía era él. Añadió que todos los convenios han pasado por la Junta de Andalucía. Explicó que en la anterior etapa, con el pacto con el Partido Estepona (PES), una de las condiciones fue que el PSOE llevara el urbanismo y señaló que se nombraron varios coordinadores en esta área, uno por cada partido (PSOE-PES-IU). A este respecto estimó que con tres coordinadores había más control.
Igualmente Barrientos indicó que cuando llegó al Consistorio se cambió el método de valoración de los aprovechamientos urbanísticos, ya que el que había anteriormente, aunque fuese legal, era bajo, porque se basaba en la ponencia de valores catastrales.Afirmó que siempre le dijo al Secretario Municipal que fuera todo supervisado por los técnicos. En este punto, explicó que cuando se firmaban convenios de planeamiento pactaba que la comunidad participara las plusvalías que generan estos convenios, pero apuntó que eso no quiere decir que se infravaloraran los aprovechamientos. Además, dijo no saber por qué Javier Wittmeur, jefe de servicios técnicos, imputado en el caso, valoraba dichos aprovechamientos cuando existían siete arquitectos.
Añadió que en la legislatura 2003-2007 contrató a Francisco Zamorano, como asesor de urbanismo y explicó que éste desde la Empresa de Planificación y Desarrollo Urbanístico, Empladus, le informaba de todo lo que podía ocurrir, porque no se fiaba del señor López Fernández, en referencia al ex asesor de Urbanismo por el PES.