FACUA-Consumidores en Acción ha remitido al presidente del Gobierno y a cinco ministros una carta en la que plantea diez reivindicaciones ante el fraude en las emisiones contaminantes de Volkswagen, que afecta a cerca de 700.000 vehículos vendidos en España.
La asociación, que representa ya a más de 30.000 afectados, se ha dirigido a Mariano Rajoy y a los ministros de Industria, Sanidad, Medio Ambiente, Interior y Economía. FACUA, que demanda al Gobierno que abandone su inacción ante el escándalo de la multinacional automovilística, también ha remitido su decálogo de reivindicaciones a los dirigentes de los principales partidos políticos.
En los últimos días, FACUA ha presentado denuncias contra las filiales del Grupo Volkswagen en España ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y las diecisiete autoridades autonómicas de protección al consumidor, en las que reclama que inicien actuaciones para aplicar a Volkswagen-Audi y Seat sanciones proporcionales a las dimensiones del fraude.
A las 9 horas de este miércoles, la plataforma nacional de #afectadosVolkswagen creada por FACUA contaba con 30.767 miembros. Los propietarios de vehículos diésel Volkswagen, Audi, Skoda y Seat afectados por el fraude pueden sumarse a la plataforma en la web FACUA.org/volkswagen.
Éstas son las diez reivindicaciones que ha planteado FACUA al Gobierno:
1. Creación de una comisión de investigación en la que participen representantes ministeriales (Industria, Medio Ambiente, Sanidad, Interior y Economía), las comunidades autónomas y la sociedad civil (organizaciones de consumidores y ecologistas). Para evaluar las dimensiones del fraude, las posibles actuaciones sancionadoras y los cambios regulatorios que deben llevarse a cabo a nivel nacional y europeo es necesaria la intervención de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, la Secretaría General de Sanidad y Consumo y su Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
2. Creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados en la que comparezcan los ministros competentes para rendir cuentas de sus actuaciones y los máximos responsables del Grupo Volkswagen en España.
3. Comparecencia de los ministros competentes ante el Pleno del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), órgano de representación y consulta constituido por representantes de las asociaciones de consumidores.
4. Coordinación de actuaciones entre la Secretaría General de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad y los institutos, agencias y direcciones generales de Consumo de las comunidades autónomas, para supervisar las medidas que ponga en marcha Volkswagen, atender las denuncias que formulen los afectados y emprender actuaciones sancionadoras por fraude a los consumidores.
5. Apertura de un expediente por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para determinar si se ha vulnerado la Ley de Defensa de la Competencia e imponer, en su caso, las sanciones correspondientes.
6. Supervisión de los protocolos de actuación y llamadas a revisión que el Grupo Volkswagen pretende realizar a los automóviles afectados por el fraude para confirmar la idoneidad de las actuaciones y verificar sus resultados y consecuencias, entre ellas si provocarían la pérdida de prestaciones de los vehículos.
7. Puesta en marcha de un protocolo de inspección para evaluar las emisiones y prestaciones reales de los vehículos afectados por el fraude, a fin de determinar el alcance de las irregularidades y facilitar a los consumidores las acciones para reclamar indemnizaciones.
8. Exigencia por parte del Gobierno de España al Grupo Volkswagen de que asumirá sus responsabilidades por el fraude y responderá de todos los perjuicios causados a los consumidores, habilitando procedimientos y cauces ágiles para la presentación y tramitación de sus reclamaciones.
9. Aprobación de un Plan anual de inspección al sector de la automoción para verificar si los vehículos cumplen con los niveles de emisiones, potencia, consumo y otras características anunciadas por sus fabricantes o reguladas en la legislación.
10. Elaboración de un estudio para evaluar el impacto ambiental y a la salud de los consumidores que ha provocado el exceso de emisiones contaminantes de los automóviles afectados por el fraude en España.