El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Estepona ha mostrado su desacuerdo con la subida de impuestos planteada por CCOO en la demanda por despido colectivo presentada contra el Ayuntamiento. La concejala del área de Personal, Pilar Fernández-Fígares, ha señalado que el Consistorio mantiene su compromiso de no aumentar la presión fiscal a la ciudadanos porque éstos “no pueden costear la mala gestión y el despilfarro ocasionado por la clase política durante años”.
Fernández-Fígares ha indicado que en la demanda interpuesta por el sindicato se propone que el equipo de gobierno actué aumentando los impuestos para ajustar los ingresos del Ayuntamiento con sus necesidades económicas. Así, plantean que se eleven la presión fiscal en los máximos que permite la ley en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Además, la demanda de CCOO contra el ERE también plantea como alternativa a los despidos que se revisen los precios públicos y las tasas en los casos en los que no se cubra la totalidad del coste del servicio o actividad, e incluso solicitan que se establezcan nuevos impuestos que el Ayuntamiento de Estepona no tenga contemplados en la actualidad. La edil de Personal ha mostrado su disconformidad con los planteamientos del sindicato porque defienden que los seis millones de euros de ahorro que exigía el plan de ajuste del Consistorio para poder afrontar el pago de más de 60 millones de euros a proveedores “sean finalmente asumidos por la ciudadanía a través de una subida de impuestos injusta”.
En ese sentido, la responsable municipal ha recordado que el equipo de gobierno planteó una reducción salarial para evitar o reducir el número de personas afectadas por el ERE pero los responsables de los sindicatos mostraron su rechazo. Además, ha reiterado que las centrales sindicales no presentaron alternativas reales a la reducción de plantilla planteada por el equipo de gobierno durante todo el proceso de negociación.
Por último, la responsable municipal ha recordado que esta medida ha sido “la más dolorosa para el equipo de gobierno” y ha precisado que el Gobierno central obliga a las administraciones a tener equilibrados sus ingresos y gastos, “algo que no sucedía aquí, donde existía un desfase de seis millones de euros”. Asimismo, ha indicado que la viabilidad económica del Ayuntamiento va a permitir “que sigamos evolucionando y ofreciendo cada vez mejores servicios a los ciudadanos”.
Para paliar los efectos del ERE, se contempla un plan de recolocación externa y un plan de acompañamiento social, que incluye el compromiso de que las posibles contrataciones o sustituciones que se realicen en el Ayuntamiento vayan dirigidas preferentemente a este personal.