El Ayuntamiento de Estepona ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 5 de Estepona, para formular recurso subsidiario de apelación contra el auto de sobreseimiento provisional en relación al uso durante el pasado mandato de más de 20 millones de euros de los fondos del patrimonio municipal del suelo para el pago de gasto corriente. Asimismo, se solicita que se acuerde la continuación de la causa por la vía de las diligencias previas; así como que se practiquen nuevas “que son esenciales para el esclarecimiento de los hechos objeto del proceso”.
El escrito presentado por el Consistorio recuerda que la Ley reguladora de las Haciendas Locales recoge que “los ingresos procedentes de la enajenación o gravamen de bienes y derechos que tengan la consideración de patrimoniales no podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes”. “Las cantidades citadas, con flagrante y notorio desprecio a la normativa vigente y de las denuncias de la propia interventora municipal fueron destinadas por el exalcalde David Valadez, con la aquiescencia de los entonces interventores y tesoreros accidentales, al pago de gastos corrientes”. El Consistorio argumenta además que estas cantidades fueron entregadas al Ayuntamiento condicionadas al cumplimiento de un planeamiento convenido con particulares, y que, por lo tanto, eran fondos cuyo destino, además de estar previsto por la ley específicamente, venía condicionado. En este sentido, el escrito pone de manifiesto que entre los “los perjuicios” que el Ayuntamiento debe soportar por el “actuar antijurídico” de los regidores denunciados se encuentra la responsabilidad con los terceros aportantes de los fondos, a quienes está obligado a devolver los mismos, no pudiendo por no disponer de ellos; provocando esto además perjuicios para el municipio que hoy son incalculables, pero que habrían de ser determinados en el seno de las presentes actuaciones. El Consistorio solicita, por tanto, que se practiquen todas las actuaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos objeto del proceso. Entre ellas, que se tome declaración en calidad de testigo de los hechos denunciados a Dolores Zanón, en calidad de interventora del Ayuntamiento y por ser quien denuncia en un pleno de la Corporación las irregularidades administrativas que dan origen a este procedimiento.