La concejala de Presidencia del Ayuntamiento de Estepona, Ana Velasco, ha mostrado hoy su satisfacción porque los tribunales han dado la razón al Consistorio en relación a las seis primeras sentencias conocidas sobre cargos de confianza, contratados durante el anterior mandato como personal de alta dirección en las empresas municipales. Éstos, junto a cuatro personas más sobre las que todavía no hay sentencia, han demandado al Consistorio por despido improcedente, con la intención de reclamar volver a su puesto de trabajo. En total, estos cargos políticos sumaban sueldos cercanos a los 700.000 euros brutos anuales.
La edil ha explicado que el anterior equipo de gobierno usó los contratos de alta dirección para nombrar lo que realmente eran cargos de confianza. “En lugar de emplear el procedimiento normal de nombramiento de los cargos de confianza, que cesan con el cese del político que los nombra, se les contrató mediante empresas municipales dejándoles un resquicio para, posteriormente denunciar al Ayuntamiento y alegar que no tenían funciones directivas dentro de esas empresas, e intentar mantenerse en el Consistorio”, ha añadido la edil.
Así, Velasco ha lamentado que el anterior equipo de gobierno haya querido colocar a estos cargos políticos “por la puerta de atrás”, dejándoles una vía abierta para que mediante reclamaciones judiciales intenten aferrarse a un puesto dentro del Ayuntamiento. Sobre este asunto, la concejal ha recordado que los anteriores responsables socialistas han consolidado mediante esta fórmula puestos de confianza contratados en las sociedades públicas que suponen un gasto para las arcas municipales de, al menos, 240.000 euros brutos anuales.
Además, ha lamentado la “irresponsabilidad” de los anteriores gobernantes que “pretendieron blindar a sus cargos políticos”. Al respecto, Velasco ha calificado como una “desfachatez” que el exalcalde y actual portavoz socialista, David Valadez, acudiera como testigo al juicio de despido de uno de los cargos de confianza que ingresaba unas retribuciones de 104.000 euros brutos anuales para intentar que este trabajador vuelva al Ayuntamiento. “Es una tomadura de pelo a todos los ciudadanos por parte del máximo responsable de que el Ayuntamiento esté en la más absoluta ruina”, ha abundado Velasco, que se ha referido al coste que supondría para las arcas municipales que este personal se reincorporara.
De esta forma, la concejala ha lamentado la política de personal “en contra de los intereses generales” que llevó a cabo Valadez y ha reiterado que el actual equipo de gobierno no tiene ningún cargo de confianza contratado en las empresas municipales, que de hecho, “están en proceso de disolución”. “Nuestros cargos de confianza están contratados en el Ayuntamiento y cesarán cuando se acabe el mandato de gobierno, sin posibilidad de quedarse como personal laboral del Ayuntamiento, porque su contrato termina cuando cesa el cargo del político, y así lo recoge la ley”, ha aclarado Velasco.
La edil de Presidencia también se ha referido al coste del personal de confianza que los anteriores responsables municipales. En total, estaban contratados 21 cargos de confianza en las empresas municipales y en el Ayuntamiento, que suponían 937.697 euros brutos anuales. “Precisamente, los que tenían unos sueldos más altos son los que figuraban en las empresas municipales, algunos de los que ahora están reclamando volver al Ayuntamiento”. En este sentido, ha destacado los 104.654 euros brutos anuales que percibía un cargo confianza de alta dirección del área de Urbanismo o los 63.400 euros brutos anuales que recibían de las arcas municipales otras dos personas.
Frente a esta situación, Velasco ha indicado que el nuevo equipo de gobierno ha reducido el número de puestos políticos; así como el gasto que suponen para las arcas municipales, en más de 230.000 euros. De esta forma, los 17 cargos de confianza presupuestados -en la actualidad solo hay ocupados 15- tendrán un coste máximo de 705.050 euros. La edil ha recordado además que el actual equipo de gobierno modificó el convenio de los trabajadores para que en el futuro no se puedan dar situaciones de cargos de confianza que intenten quedarse en el Ayuntamiento tras despidos improcedentes.