El Pleno del Ayuntamiento de Estepona ha aprobado por unanimidad instar al Gobierno central a construir una nueva comisaría en los terrenos que el Consistorio cedió al Ministerio del Interior en 2020. El Ayuntamiento solicita también más medios y efectivos de Policía Nacional para cubrir las necesidades derivadas del crecimiento poblacional y el volumen de turistas que recibe la ciudad.
Los terrenos cedidos hace cinco años comprenden 4.159 metros cuadrados en la calle Letonia, ubicados en la zona de Las Mesas. A pesar de que fueron aceptados por la Dirección General de la Policía, no se ha dado ningún paso para construir este equipamiento durante estos años.
El Ayuntamiento ha atendido las necesidades de refuerzo policial en la Policía Local mediante diversas convocatorias públicas de empleo desde 2011, que han supuesto la incorporación de 58 agentes. La Oferta Pública de Empleo de 2025 tiene abierta la convocatoria para otras nueve plazas adicionales.
El Pleno también aprobó conceder la Medalla de la Ciudad a la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, de la Real y Antigua Hermandad del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, y al Cristo del Amor y la Virgen de la Esperanza, de la Hermandad de Nazarenos de la Triunfal entrada en Jerusalén. Se acordó designar un espacio público con el nombre de Nuestra Señora de la Soledad, coincidiendo con el XXV Aniversario de la Bendición de la imagen realizada por el escultor sevillano José Pérez Delgado.
En materia urbanística, el Pleno aprobó aplicar las medidas transitorias del Decreto-Ley 1/2025 de la Junta de Andalucía sobre vivienda en todo el suelo urbano municipal. El decreto contempla la construcción de viviendas públicas en alquiler en parcelas de equipamientos públicos sin necesidad de modificar los instrumentos de planeamiento.
El Consistorio supeditará la concesión de licencias de nuevas edificaciones a que los promotores ejecuten previamente la obra de urbanización del entorno. Esta medida responde a casos constatados donde las empresas promotoras no concluyen estas obras, perjudicando a los adquirentes y al resto de ciudadanos. El criterio no se aplicará en casos de vivienda protegida por su interés público.
