El ayuntamiento estudia el inicio de acciones jurídicas contra el anterior alcalde

El Ayuntamiento de Estepona ha solicitado a los servicios jurídicos municipales que estudien pedir responsabilidades jurídicas a los anteriores responsables municipales por el gasto de dinero procedente de subvenciones finalistas de administraciones supramunicipales que se emplearon en fines que no eran los establecidos. “Se ha producido un daño en las arcas municipales y, por tanto, en el patrimonio de los esteponeros, del que hay que buscar responsables”, ha manifestado el concejal del área económica, Manuel Aguilar.
El nuevo Ejecutivo local descubrió durante las primeras semanas de gobierno que en la cuenta corriente destinada a subvenciones faltaban 3,3 millones de euros que el anterior equipo de gobierno empleó en mayo de este año en gasto corriente.
Como consecuencia de esto, el Consistorio ya ha recibido varias reclamaciones de reintegro de cantidades, por una cuantía cercana al millón de euros, de subvenciones que fueron concedidas al Ayuntamiento durante el anterior mandato, cuyo gasto no ha sido justificado. “No se han hecho los proyectos previstos, o se ha iniciado su ejecución, sin que las obras se hayan terminado de pagar porque el dinero se ha desviado a otros fines”, ha añadido el concejal del área. Sobre este asunto, el concejal ha apuntado que ahora el nuevo equipo de gobierno se enfrenta a la obligación de devolver estas cuantías, con los correspondientes intereses de demora. 
“Al hacerse efectiva la solicitud de reintegro de estas ayudas, el Ayuntamiento ya no puede optar a otras subvenciones procedentes de estas administraciones”, ha señalado Aguilar, que ha lamentado la “herencia económica” que han dejado los socialistas en el Ayuntamiento. “Esto es un ejemplo más de la mala gestión que se ha hecho en los últimos años, caracterizada por una política de tierra quemada”, ha añadido el edil.
Una de las últimas subvenciones que se están reclamando son las relativas a las obras de reforma del Palacio de Congresos, financiadas en 210.000 euros por la Diputación, y que deberían haber estado terminada el pasado 31 de marzo. Además, hay otras peticiones de devolución de dinero procedentes de las consejerías de Bienestar e Igualdad Social y de Turismo de la Junta de Andalucía.