El Ayuntamiento de Estepona deberá abonar 1,2 millones de euros más intereses por un convenio urbanístico firmado en 2005 durante el gobierno del PSOE, según ha dictaminado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
El convenio en cuestión, relacionado con el desarrollo de la finca «Cortijo la Teja», nunca llegó a ejecutarse al contravenir la normativa urbanística andaluza vigente en aquel momento. Los fondos aportados por la empresa promotora, que ascendieron a 1.225.242,99 euros a cambio de aprovechamientos urbanísticos, fueron destinados por la administración socialista al pago de gastos corrientes, principalmente nóminas de empleados municipales.
La mercantil inició en 2017 el proceso judicial solicitando la declaración de nulidad del convenio firmado el 5 de diciembre de 2005 y aprobado por el Pleno el 20 de diciembre del mismo año, exigiendo la restitución de las cantidades aportadas más los intereses correspondientes por incumplimiento de los términos acordados.
La sentencia recoge que el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, aprobado por decreto el 28 de noviembre de 2006, establecía una limitación del incremento del suelo urbanizable al 40% del suelo urbano existente, umbral que Estepona había sobrepasado por la firma de múltiples convenios urbanísticos similares. A pesar de la imposibilidad legal de desarrollo, el gobierno municipal de entonces no resolvió el convenio ni devolvió las cantidades recibidas.
Esta condena se suma a la compleja situación financiera heredada por el actual equipo de gobierno en 2011, cuando encontró una deuda total de 304 millones de euros, que incluía más de 30 millones en facturas impagadas a proveedores. El consistorio tuvo que crear un fondo específico para hacer frente a posibles sentencias desfavorables relacionadas con impagos y convenios urbanísticos irregulares firmados durante la etapa anterior.
El equipo de gobierno actual, liderado por José María García Urbano, continúa haciendo frente al pago de estas deudas heredadas, que actualmente están prácticamente liquidadas, mientras afronta las reclamaciones de empresas afectadas por convenios urbanísticos que nunca se materializaron.
