El secretario general del PSOE de Marbella, José Bernal, y el concejal del Grupo Municipal Socialista Diego Lara, han informado hoy de que el partido tiene previsto llevar a la Fiscalía Anticorrupción la adjudicación de tres locales del Puerto Deportivo a una sociedad de la que es copropietario el hermano de la concejal del Partido Popular, Alicia Jiménez.
Del mismo modo, han informado de que las acciones emprendidas contra esta adjudicación ya han comenzado con la presentación de un recurso de reposición contra el punto de la Junta de Gobierno Local de 29 de junio en la que se dio el visto bueno a dicho acuerdo.
José Bernal ha señalado que los servicios jurídicos del partido entienden que la concejal debería haberse ausentado o abstenido de la votación, y sin embargo, esto no consta en el acta de la Junta de Gobierno; al mismo tiempo que denunció el “oscurantismo” de todo el procedimiento, ya que en un principio se estableció un concurso público al que optó una persona muy vinculada al PP que finalmente se retiró, y posteriormente se crea una sociedad “un mes antes de la adjudicación definitiva” que ha sido precisamente en la que ha recaído la explotación de los locales.
Para Bernal, esto es una muestra más de la confusión entre lo público y lo privado del Partido Popular en el Ayuntamiento de Marbella, y recordó que hasta ahora el equipo de Gobierno de Ángeles Muñoz, e incluso la propia alcaldesa, han protagonizado capítulos propios de etapas pasadas en este municipio. Entre otras cuestiones, nombró los cambios de calificación que han recibido en el Plan General los terrenos de La Juanita, empresa de la que es copropietario el edil Antonio Espada; o el edificio que hasta hace poco albergaba el Conservatorio, propiedad del concejal Antonio Maíz.
“Los actos en los que concejales del PP se han visto favorecidos no acaban aquí”, señaló Bernal, quien recordó que la propia Alicia Jiménez mantuvo un contrato de arrendamiento con el Ayuntamiento, y que la ciudad ha perdido 300.000 metros cuadrados en beneficio de Benahavís, justamente los terrenos en los que se ubica la casa de la alcaldesa, Ángeles Muñoz.
El secretario general de los socialistas puso de manifiesto que, además de esta información que se trasladará a la Fiscalía Anticorrupción, las acciones contra este acuerdo ya han comenzado con la presentación de un recurso de reposición contra el acuerdo de adjudicación de los locales la Junta de Gobierno Local, que, como consta en el acta, “se presentó con carácter urgente” y no contaba en ese momento con los informes pertinentes de los habilitados nacionales, además de que Alicia Jiménez, a quien une un grado de consaguineidad con uno de los adjudicatarios, “ni se ausentó, ni se abstuvo en la votación”.
“Condiciones ventajosas”
Por su parte, el concejal Diego Lara, que ha firmado el recurso, declaró que esta adjudicación se ha producido en “condiciones muy ventajosas” para los adjudicatarios, ya que la concesión de los tres locales culminará sobre 2027, y tiene un coste para la empresa de 240.000 euros. Es decir, que el alquiler de los mismos tendrá un coste mensual menor de 400 euros.
A su juicio, durante el proceso “no se ha dado participación” al resto del sector, y recordó que estos locales cuentan con un lugar privilegiado en el Puerto Deportivo, en una zona que precisamente se está remodelando gracias a los fondos del Plan Zapatero para 2010. “El Partido Popular, con sus actuaciones, vuelve a poner a Marbella en estas circunstancias”, declaró Lara.
Por último, señaló que el recurso de reposición se basa, entre otros artículos, en el 7 de la Ley 5/2006 de 10 de abril de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración que, según dice la Ley, “vienen obligados a inhibirse” de los asuntos cuya dirección, asesoramiento o administración, hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad, o familiar dentro del segundo grado.