El PSOE va a presentar ante la Fiscalía un escrito denunciando que la alcaldesa podría haber incurrido en un presunto delito de prevaricación al encomendar determinados puestos del Organismo Autónomo Local Marbella Solidaria por resolución, sin que esta reestructuración haya pasado por pleno.
El concejal Antonio Martín ha explicado que en el último consejo rector de Marbella Solidaria celebrado el 27 enero se propuso la reestructuración de la plantilla adjudicando “a dedo” nueve jefaturas de unidad. “Entonces advertimos –señala Martín- que no eran necesarias tanta jefaturas en una plantilla de 39 trabajadores y que éste no era el procedimiento adecuado”.
En dicho consejo rector el propio secretario del Ayuntamiento advirtió de que el órgano competente para aprobar de forma definitiva una modificación de la plantilla del OAL Marbella Solidaria era el Pleno. Asimismo el interventor municipal añade que dicha reorganización precisa de una consignación presupuestaria que no está contemplada en los presupuestos municipales. Por todas estas razones la propuesta quedó sobre la mesa pero la alcaldesa, por resolución del 30 de marzo de este año encomendó a seis trabajadores las jefaturas de unidad.
“Consideramos que la alcaldesa ha incurrido en un presunto delito de prevaricación porque se ha saltado a la torera los estatutos de Marbella Solidaria y los órganos de representación como son el consejo rector del OAL y el propio pleno, que son los que deben aprobar estas medidas”, señala el edil.
La creación de estas seis nuevas jefaturas de unidad responde, según Martín, a la situación generada tras el cierre de Hacienda de Toros, “que ha provocado que el PP condene al ostracismo a una serie de profesionales de reconocido prestigio que se han opuesto al cierre, frente a aquellos trabajadores cercanos al Partido Popular que han admitido dicho cierre”.
Por su parte la concejal Marina Torres ha instado al concejal de Bienestar Social a que cumpla su palabra sobre la reubicación de los usuarios de Hacienda de Toros, “ya que prometió que todos iban a ser atendidos en nuevos centros de rehabilitación y esto no es cierto”.
Torres ha asegurado que sólo uno de los más de 20 enfermos que fueron desalojados de la comunidad terapéutica ha sido reubicado en el centro de rehabilitación de Mijas. “El resto está en sus casas con el perjuicio para su salud personal y para su familia que supone mantener a estas personas desamparadas en la calle sin asistencia”.