El comisario también urdió unplan para engañar a la jueza Isabel Conejo—que instruyó inicialmente el caso astapa de Estepona y posteriormente el caso ático—haciéndole creer que la había grabado.
Después de las miles de noticias que se han publicado sobre el
comisario Villarejo y su forma de actuar—un modus operandi similar al de las organizaciones mafiosas—a nadie se le escapa que todas las personas que se hayan reunido con el comisario, sea por el motivo que sea, están grabadas, o como decía el propio Villarejo, están inmortalizadas. Y si de esas grabaciones no se libraron ni los miembros de su familia, ni sus contactos más cercanos, era obvio que no se iban a librar ni los componentes del denominado “mundo judicial”, ni tampoco los jueces o fiscales del caso Astapa, ya que el comisario había tenido una participación destacada en ese procedimiento.
Pero es que además, por si fuera poco lo dicho anteriormente, el
comisario Villarejo urdió un plan para hacerle creer a la jueza Isabel Conejo Barranco que la había grabado, según consta en una carta del preso Alfonso Pazos que actuaba como “intermediario” del comisario. Se trata de la que fuera controvertida jueza del Juzgado de Instrucción número nº 1 de Estepona, Isabel Conejo, que fue la que instruyó inicialmente el caso Astapa; posteriormente, sería trasladada al juzgado nº 5 de nuestra ciudad, donde se encargó del “caso del ático” que afectaba a una propiedad radicada en Estepona del ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González; y más tarde, tras ser recusada, sería destinada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en Málaga.
Pues bien, según informaba el diario La Razón hace unos días, el intermediario de Villarejo, Alfonso Pazos, indicaba en una carta sobre la jueza citada anteriormente: “Me dice mi cliente que también se puede pedir/presionar a una jueza (Conejo), aunque no sabemos si es la que lleva el tema en sí. Cambió de Juzgado para no instruir el “caso Astapa”, pero también tiene conocimiento de ello. Aunque mi cliente no recuerda haber hablado con ella directamente, siempre se le puede hacer caer, como quien no quiere la cosa, que existe alguna grabación que la compromete”. La misiva se dirigía a un letrado, quien rechazó llevar a cabo las propuestas de Pazos.
El intermediario del comisario, Alfonso Pazos, seguía diciendo sobre
esta cuestión que: “Una vez puesto en contacto con mi cliente, este, haciendo memoria, ya que su situación no le permite el acceso a ningún tipo de documentación, me dice lo siguiente: en junio-julio de 2013 hubo varias reuniones a las que asistieron, IG [Ignacio González], Rudy Valner, [Enrique] Cerezo y Javier Iglesias (como abogado del despacho que hizo la operación) y el jefe de la Asesoría Jurídica de la Comunidad de nombre no recordamos pero supongo que a ti no te resultará difícil conseguir”. Y según prosigue Pazos en la carta, el jefe de la Asesoría Jurídica se sintió “muy molesto al final asistir a todas) ya que en el cargo que
ocupa no solo no debe hacerse cargo de cuestiones personales/particulares del presidente sino que además tiene la obligación de denunciarlas si son delictivas”.
Y continúa el intermediario indicando que el jefe jurídico le dijo a González “que se busque un abogado particular y que no cuente con él. IG lo despide. En estas reuniones se prepara la estrategia para justificar la compra del ático”, completa Pazos, quien informa de que el abogado, “una vez despedido, se reúne con mi cliente, quien como sabes tiene la costumbre de grabar las conversaciones. Todo lo sucedido en las reuniones, la preparación de la estrategia está inmortalizado”, relata la misiva.
Pero es que además, el “intermediario” remata su carta revelando que el comisario Villarejo se había reunido y había grabado al que fuera uno de los fiscales anticorrupción de Málaga—que participó también en los inicios del caso Astapa—y que a día de hoy es el fiscal jefe de la Audiencia de Málaga, Juan Carlos López Caballero, y al que por tanto se le podía presionar: “Mi cliente se reunió y entregó un “pendrive” con la grabación de la reunión mantenida con el asesor jefe al fiscal jefe de Málaga (Caballero). Esta reunión con el fiscal está inmortalizada. El fiscal le dice a mi cliente que tiene que declarar, para dar validez a esa grabación, que la hizo por interés policial como comisario del CNP (Cuerpo Nacional de Policía). Esta es otra persona a la que se le puede presionar ya que también está en las grabaciones de mi cliente y tendría que explicar por qué cambió de estrategia y dicho “pendrive” se perdió en el olvido junto con la grabación”, concluye Pazos.
Sobre todo este asunto, es necesario recordar la obsesión que tenía el comisario por controlar el denominado “mundo judicial”. Tanto es así que la mujer del comisario Villarejo, Gemma Alcalá, advirtió públicamente que el comisario tenía información sensible sobre personalidades de la Justicia y habló de una carpeta denominada “control de togas”. A este respecto, fuentes de toda solvencia han indicado a esta redacción que en las grabaciones de Villarejo conocidas hasta el momento, y que afectan al caso Astapa, hay muchas alusiones a reuniones y contactos con los jueces y fiscales de ese procedimiento, así que es muy posible que estos encuentros estén grabados y terminen saliendo a la luz.
