El Servicio de Asesoramiento Legal del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), organismo dependiente de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, ha atendido casi 2.000 consultas en el primer semestre de este año, de los que 1.737 se tramitaron telefónicamente y 251 a través del servicio de atención on line.
Las consultas telefónicas se realizan por medio del número gratuito de información a la mujer 900 200 999. Este servicio, atendido por personal especializado, permite resolver de manera inmediata dudas y problemas diversos que puedan plantear las interlocutoras, garantizando el anonimato y la confidencialidad de las consultas.
De las 1.737 cuestiones planteadas por teléfono, un 58% se refieren a relaciones de pareja y familia, un 40% a violencia de género y el 2% restante a información y atención general.
La distribución de las consultas por provincias sitúa a Sevilla en primer lugar con una cifra de 544 transferencias al servicio de asesoramiento, seguida de Málaga (408), Cádiz (162), Granada (151), Córdoba (148), Almería (114), Jaén (106) y Huelva (104).
En cuanto a la tipología de las peticiones atendidas en el servicio de atención on line, 84 corresponden a casos de Derecho Penal y 91 al Derecho Civil. En las primeras, destacan las cuestiones relacionadas con los malos tratos, amenazas, coacciones, abandono de familia y acoso; y en las segundas, las cuestiones se centran en la petición de información sobre distintas cuestiones como, por ejemplo, derechos en casos de ruptura matrimonial y no matrimonial, divorcios, ejecución y modificación de medidas o ruptura de la unión de hecho.
Junto a este servicio, el Instituto Andaluz de la Mujer cuenta con el servicio de Defensa Legal, un recurso gratuito que funciona desde 1997 y que ofrece defensa jurídica y procesal para las mujeres en caso de discriminación laboral por razón de género que funciona por la colaboración entre la Administración autonómica y las centrales sindicales UGT y CCOO de Andalucía. El objetivo es ofrecer información y asesoramiento así como intervención en todas las actuaciones del proceso judicial necesarias para la defensa de los derechos laborales de las mujeres.