Como saben bien nuestros lectores, esta redacción ha venido informando puntualmente del largo rosario de noticias que han salido a la luz sobre la ya confirmada participación del comisario José Villarejo en el caso Astapa de Estepona, sus posibles vinculaciones con el ex alcalde socialista del municipio, David Valadez, y sus intereses en el urbanismo de nuestra localidad.
Pues bien, hace unos días, el Diario Público ha revelado que agentes de la UDEF y periodistas del clan Villarejo coinciden en los casos Podemos, Pujol, CNMV y Estepona. Según indica ese diario, los agentes de la UDEF que aparecen relacionados en esos casos—donde se fabricaron presuntamente pruebas falsas, o adulteradas, y aparecieron testigos de la nada—son el inspector M.C.B., con número de carné nº 78.777 y la inspectora Silvia O. M., con número de carné policial nº 89.169. Y en cuanto a los periodistas citados por ese diario—que colaboraron presuntamente en la difusión de noticias tóxicas— está Daniel Montero, ex-subdirector de la revista Interviú.
Así, en lo que atañe al inspector del clan Villarejo M.C.B, con nº de carné 78.777, el Diario Público ya reveló hace algún tiempo que los casos Pujol y Astapa aparecían vinculados por el despacho de Villarejo y un agente de la UDEF. Ese diario indicaba al respecto que el “modus operandi” utilizado en ambos casos fue el mismo, ya que los testigos captados por el comisario Villarejo en esos dos procedimientos—sin ningún tipo de control judicial—terminaron yendo a la sede de la UDEF en Madrid y tuvieron como receptor al mismo inspector. A ese agente acudieron, en el caso Pujol, Victoria Álvarez, ex-pareja de Jordi Pujol Ferrusola, y Javier de la Rosa, acompañados por el socio del comisario Villarejo, Rafael Redondo. Y en el caso Astapa, en Estepona, acudieron los denunciantes, David Valadez y Cristina Rodríguez. Pero es que ese inspector, además de ser el receptor de la denuncia, fue el autor de 13 de los 14 primeros informes policiales sobre este caso. Entre ellos, el informe policial nº 27.300, del 27/03/07, que propició el inicio de este procedimiento, y en el que citado inspector se limitó a copiar y pegar lo que le dijeron los denunciantes, sin comprobar si lo que le dijeron era cierto o no, o si había alguna irregularidad en ello, como exige en estos casos la jurisprudencia del Tribunal Supremo. A este respecto, el reputado letrado, D. Horacio Oliva, ya manifestó sobre los informes realizados por ese agente de la UDEF, que “resultaba inexplicable que una Unidad Policial, supuestamente especializada, pudiera faltar a la verdad de forma tan flagrante”.
Y en lo que concierne a la inspectora del clan Villarejo, Silvia O. M., con nº de carné 89.169, el Diario Público revela que esta agente de la UDEF aparece relacionada tanto en el caso Podemos como en el caso Astapa. Así, en cuanto a la investigación irregular a Podemos, esta inspectora viajó a Nueva York junto a José Ángel Fuentes Gago, uno de los pesos fuertes de la denominada brigada política, para tomar declaración al ex-ministro chavista Rafael Isea con la finalidad de obtener datos contra Podemos, Pablo Iglesias y sus dirigentes, aunque estos fueran falsos. A este respecto, y según ha indicado el Diario El País, estas investigaciones se llevaron a cabo sin ningún tipo de autorización judicial. Y en lo referente al caso Astapa, esta inspectora realizó más de 40 informes sobre este caso, algunos de ellos incluso después de su viaje a New York; informes que según fuentes jurídicas, quedan a partir de este momento absolutamente en entredicho, por falta de legitimidad y credibilidad. También esa inspectora fue la responsable del volcado de todas las llamadas telefónicas realizado en el año 2012, sin el preceptivo control judicial, como había ordenado el juez instructor en aquellas fechas, D. Jesús Torres, tras romperse “casualmente” el disco duro. Así pues, toda la instrucción de esta causa podría estar viciada desde su mismo origen. Pero es que además esta inspectora fue también la que incorporó “motu proprio” a esta causa las declaraciones de un testigo que surgió de la nada, cuando ni siquiera había sido requerido por el juez. El testigo era el empresario Juan Carlos Escribano, que sería posteriormente detenido en la operación Tándem, por ser el hombre que usó Villarejo para blanquear 20 millones de euros en Estepona.
A este respecto, y como revela el Diario Público, lo más significativo de esta actuación de la UDEF, es que sirvió para que el ex-comisario Villarejo se hiciera con el control del urbanismo de Estepona. Para ello, el comisario necesitó también que el denunciante, y después alcalde, David Valadez, contratase como gerente de urbanismo de la localidad, sin ningún tipo de concurso, a Diego de Lucas Villarrubia, socio de Villarejo en sociedad Sensible Code y persona de absoluta confianza del comisario. A partir de ese momento, los empresarios con «necesidades urbanísticas» en nuestro municipio tenían que pasar necesariamente por el filtro del comisario, ya fuese en Estepona o en Madrid (Torre Picasso). Así, según el Diario Público, entre las empresas que se reunieron con el comisario Villarejo figuran, entre otras, Globalia y Urbanizadora XXI (Herencia Nadal); Kutxa (Valle Romano); Marín Hillinger (Explanada del Puerto); Azata ( Centro Comercial), etc. Un ejemplo paradigmático de todo ello lo representa lo ocurrido con la promoción urbanística conocida como “El Mirador de la Cala”. Esa promoción desarrollada por el empresario Juan Carlos Escribano—donde el comisario tiene parte de su enorme patrimonio—no pudo obtener la licencia de primera ocupación por parte del gobierno municipal denunciado, porque no cumplía con la legalidad vigente. Y sin embargo, si la obtuvo posteriormente con los denunciantes, cuando se hicieron cargo del gobierno municipal, sin abonar los excesos de aprovechamientos que le correspondían al municipio (1, 762,60 m2t en primera línea de playa, con un valor superior a 1.5 millones de euros), causando un grave perjuicio a las arcas municipales.
Por otra parte, el Diario Público también revela que el Clan Villarejo tenía una pata mediática, es decir, periodistas receptores de información del comisario y que colaboraron en la difusión de noticias tóxicas—la Audiencia Nacional está investigando esta cuestión con la información incautada en casa de Villarejo donde tenía guardadas múltiples conversaciones con periodistas, con todo tipo de ofrecimientos—. Entre los periodistas citados por Público se encuentra Daniel Montero, (ex-subdirector de Interviú y ex-socio del entramado empresarial del comisario), al que relaciona con publicaciones toxicas sobre las operaciones Parqué (contra la CNMV), y Astapa. En cuanto a esta última, cuando aún estaba bajo secreto, este periodista publicó varias noticias, en concreto en junio del 2008, en la revista Interviú—tanto sobre el ex-ministro de Defensa, José Bono, (que estaba aforado), como sobre las relaciones del ex-alcalde, A. Barrientos, con un tal Carlos Llorca, al que el ex–alcalde, ni conocía, ni había visto nunca—. Es evidente que se trataba de filtraciones espurias, pues ni siquiera aparecieron después en el sumario. A este respecto, es muy significativo que, tal como ha informado La Vanguardia, se hayan encontrado pruebas de que el entonces comisario ofrecía servicios para generar desconcierto “con continuas maniobras de intoxicación informativa”.
Dicho todo lo anterior, a nadie se le escapa, en cualquier caso, que todas esas coincidencias no son producto del azar. Así que, por el bien de nuestra democracia, esperemos que la investigación que está llevando a cabo la Audiencia Nacional sobre las diversas actuaciones del clan mafioso policial que encabezaba el ex-comisario Villarejo llegue hasta el final y se depuren las responsabilidades pertinentes.
