El Tribunal de cuentas remitió el pasado 21 de abril al Ayuntamiento cinco sentencias firmes referentes a cinco sociedades municipales que fueron creadas por el Grupo Independiente Liberal (GIL) entre los años 1995 y 1999.
Según las sentencias hechas públicas por el ayuntamiento de Estepona, Crespo y los ex ediles del GIL, Antolín González Quintana y Víctor Sánchez Pinacho, tendrán que reembolsar al ayuntamiento de manera directa 234.150 euros, y a su vez también tendrán que responder subsidiariamente de 389.945 euros ya que esta cantidad la deberá abonar la familia del fallecido gerente de la empresa, Antonio Lopez Quero, lo que hace una cantidad total de 624.095 euros.
En Planeamiento Estepona XXI, el alcance contable es de 258.996 euros. El Tribunal de Cuentas condena de forma directa a los herederos del gerente de la empresa, el fallecido Antonio López Quero, a pagar 205.086 euros de manera directa, mientras que Crespo, González y Sánchez deberán hacer frente, también directamente, a 53.910 euros. Los tres, en aquel entonces miembros del GIL, eran miembros de los consejos de administración de las empresas. En este caso cabe recurso ante el Tribunal Supremo.
Respecto a la sociedad Servicios Estepona XXI, la cantidad a reembolsar es de 281.156 euros, de los cuales se considera responsable directo al gerente, condenado a pagar 100.915 euros, mientras que a los tres ex ediles se les condena de forma directa y solidaria a pagar 180.240 euros, si bien deberán responder subsidiariamente de la cantidad que corresponde al gerente en el caso de que no lo hagan sus herederos. También en esta sentencia cabe recurso ante el Tribunal Supremo.
Las sentencias que no se podrán recurrir son las referentes a las empresas Control Servicios Estepona XXI, Imagen Estepona XXI y Empleo Estepona XXI. En todas ellas se considera responsable directo a Quero y subsidiarios a los miembros del consejo de administración. Las cantidades a desembolsar son de 3.485 euros, 72.962 euros y 7.494 euros respectivamente.
VALORACIÓN
Tras leer el fallo de las sentencias de las cinco empresas el alcalde exigió la dimisión de José Ignacio Crespo «por higiene y dignidad democrática», si bien dijo estar seguro de que «algunos seguirán aferrándose a su asiento porque para dimitir hace falta dignidad, seriedad, y amor y respeto por el pueblo al que se representa».
Valadez insistió en el hecho de que «a día de hoy, un concejal ha sido condenado por el Tribunal de Cuentas por los daños y perjuicios causados a las arcas municipales».
El alcalde adelantó que ya ha dado las instrucciones oportunas «para que se proceda de manera inmediata a la ejecución de esta sentencia, de modo que se devuelva hasta el último céntimo al Ayuntamiento».
Según el alcalde, «si pagaran las cantidades a las que han sido condenados tendríamos para terminar las obras de las calles Caridad y Málaga y para hacer obras en tres calles más como esas, sin embargo, los que están condenados por el Tribunal de Cuentas, son los que exigen al equipo de gobierno».
Las cantidades reclamadas responden a cinco de las 14 sociedades en liquidación, si bien el Tribunal de Cuentas no las fiscalizará todas ya que el Ayuntamiento no reclamó en su momento las cantidades en todas ellas.
Valadez aseguró «no compartir la gestión que hasta ahora se ha venido realizando por parte del Ayuntamiento en relación con el Tribunal de Cuentas». Según dijo, «difícilmente se pueden defender los intereses municipales cuando hay que exigir responsabilidades al primer teniente de alcalde».
Durante el mandato 2003-2007 José Ignacio Crespo fue primer teniente de alcalde, siendo alcalde Antonio Barrientos. Ambos están imputados en el caso Astapa. Al margen de las sociedades, aún queda por conocerse el resultado de la fiscalización del Ayuntamiento durante el gobierno del GIL.
CRESPO
El portavoz del PES, José Ignacio Crespo, aseguró en declaraciones a Europa Press que «se han estimado parcialmente algunos recursos que presentamos» y señaló que en tres de las sociedades no cabe recurso «porque la cuantía mínima para que se pueda presentar es de 200.000 euros, y en esos casos no se llega a esa cifra».
Según Crespo, «nosotros consideramos que las sentencias son un todo y que debería caber un recurso a la totalidad ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, ya en el ámbito judicial y no en el administrativo y económico que es el del Tribunal de Cuentas».
Crespo aseguró que esperaba que las sentencias fueran en el sentido que se dio a conocer esta mañana, si bien aseguró que él todavía no había tenido acceso a las mismas. Respecto a la intención de Valadez de exigir la ejecución inmediata de las sentencias, Crespo aseguró que «desde el principio tengo garantizados esos importes, pero no se debería proceder a ninguna ejecución hasta que no se pronuncie el Supremo».
Fuente. El economista