El Índice de Percepción contra la Corrupción 2017 elaborado por Transparency International, organización que cumple este año su 25 aniversario, revela cierta información inquietante: A pesar de los esfuerzos por combatir la corrupción en el mundo, la mayoría de los países avanzan con demasiada lentitud. Aunque detener la marea contra la corrupción lleva tiempo, en los últimos seis años muchos países han avanzado poco o nada. Un análisis detallado de los resultados indica un dato aún más alarmante: Los países con menor protección para la prensa y las organizaciones no gubernamentales (ONG) presentan en general los peores índices de corrupción.
El índice, que clasifica 180 países y territorios según los niveles percibidos de corrupción en el sector público por expertos y empresarios de cada país, usa una escala de cero a 100, donde cero es altamente corrupto y 100 muy transparente. Este año, el índice muestra que más de dos tercios de los países obtuvieron puntuaciones por debajo de 50, con una puntuación media de 43.
En los últimos seis años, varios países mejoraron significativamente su puntuación del IPC, incluidos Senegal, Costa de Marfil, y el Reino Unido, mientras que varios países disminuyeron, incluidos Siria, Yemen y Australia.
Este año, Nueva Zelanda y Dinamarca ocupan el primer lugar con puntuaciones de 89 y 88 respectivamente. Siria, Sudán del Sur y Somalia tienen las puntuaciones más bajas con 14, 12 y 9 respectivamente. La región con mayores puntuaciones es Europa occidental, con una puntuación promedio de 66. Las regiones con peores valoraciones son África subsahariana (puntuación media de 32) y Europa oriental y Asia central (puntuación media de 34).
Cada semana un periodista es asesinado en un país con altos niveles de corrupción
El análisis de los resultados de este índice examina, además, la relación entre los niveles de corrupción, la protección de las libertades periodísticas y la participación de la sociedad civil, y demuestra que casi todos los periodistas asesinados desde 2012 fueron asesinados en países con altos niveles de corrupción.
«Ningún activista o periodista debería temer por sus vidas cuando se expresa en contra de la corrupción», manifiesta Patricia Moreira, directora general de Transparency International. «Dadas las medidas enérgicas actuales contra la sociedad civil y los medios de todo el mundo, tenemos que hacer más para proteger a aquellos que denuncian este fenómeno«.
El análisis, que incorpora datos del Comité para la Protección de los Periodistas, muestra que en los últimos seis años, más de 9 de cada 10 periodistas fueron asesinados en países con puntuaciones de 45 o menos en el Índice de Percepción de la Corrupción. Esto significa que, en promedio, cada semana al menos un periodista es asesinado en un país altamente corrupto. Además, uno de cada cinco periodistas que murieron estaba cubriendo una historia sobre corrupción. Lamentablemente, nunca se ha hecho justicia en la mayoría de estos casos.
Los esfuerzos de Transparencia Internacional y su experiencia directa trabajando con más de 100 capítulos en todo el mundo confirman los estrechos vínculos entre la corrupción y la escasa libertad de prensa. Por ejemplo, en Brasil, que obtiene 37 puntos en el índice de este año, 20 periodistas han muerto en los últimos seis años. Trabajando en investigaciones sobre la corrupción en gobiernos locales y los delitos relacionados con las drogas, entre otros temas, los reporteros en Brasil arriesgan su vida a diario simplemente haciendo su trabajo.
Corrupción vinculada a la obstaculización y el acoso a la sociedad civil
Transparency International también analiza la relación entre los niveles de corrupción y la libertad con la que las organizaciones civiles pueden operar e influir en las políticas públicas. El análisis, que incorpora datos del World Justice Project, muestra que la mayoría de los países con bajas calificaciones en libertades civiles también tienden a obtener puntuaciones con niveles altos por corrupción.
«Las campañas de desprestigio, el acoso, las demandas y los escollos burocráticos son algunas de las herramientas utilizadas por ciertos gobiernos en un esfuerzo por acallar a quienes impulsan iniciativas contra la corrupción», dijo Moreira. «Instamos a los gobiernos que se esconden detrás de leyes restrictivas a que los desactiven de inmediato y permitan una mayor participación cívica».
El caso de Hungría, que ha descendido diez puntos en el índice en los últimos seis años, pasando de 55 en 2012, a 45 en 2017, es uno de los ejemplos más alarmantes de la reducción del espacio para la sociedad civil en Europa del Este. De ser promulgado un proyecto de ley presentado recientemente en Hungría, ello restringiría a las ONG y les quitaría su estatus de entidades sin fines lucro. Esto tendría gravísimas consecuencias para numerosas organizaciones de la sociedad civil que ya experimentan los efectos restrictivos de una ley anterior que estigmatiza a estas entidades a través de sus vías de financiación.
Los resultados de España en el IPC 2017
Si comparamos los datos de España desde el año 2000 hasta el presente (ver Tabla 1) estamos ante un descenso tan marcado que nos sitúa como el país de Europa en el que más ha empeorado la percepción de corrupción y su situación en el ranking de países (de menos a más corruptos). No obstante, es necesario indicar que la comparación de datos entre los índices anuales de percepción de corrupción de TI es algo problemática, pues pueden cambiar el número de estudios que se incorporan o el número de países que se analizan o el método de puntuación.
Sin embargo, desde 2012 se han intentado evitar al máximo los problemas metodológicos para facilitar la comparación diacrónica. Por ello, las comparaciones entre 2012 y el presente son más ilustrativas. Los datos, de nuevo, son bastante desfavorables, España es junto a Hungría y Chipre el país que más empeora, pero, además, como muchos países europeos han mejorado bastante, nuestra situación empieza a ser comparativamente cada vez peor. De estar en el puesto 13 de toda la UE hemos pasado al 18-20 (medidos de menos a más corruptos). Ya sólo hay 8 por detrás y, además, algunos de esos 8 están cada vez más cerca (ver Tabla 2). ¿Es esto un tema menor? ¿Mera estadística? Creemos que no, que es bastante serio y que afecta de forma muy dañina a la imagen de España y a sus posibilidades de atraer inversiones honestas y a largo plazo.
En el año 2000 España superaba en 27 puntos a la República Checa, en 29 puntos a Polonia, por ejemplo. Incluso superaba en 3 puntos a Francia, y en 6 a Portugal. Hoy Francia nos aventaja en 13 puntos, Portugal en 6, Polonia en 3 y estamos empatando con la República Checa. Los datos hablan por sí mismos. España puede aprender de Polonia, cuyas mejoras han sido espectaculares, pero también de Uruguay, Chile o Costa Rica, que hablan nuestro mismo idioma. Una economía como la española, que se sitúa entre las 15 primeras del mundo no puede ni debe estar por debajo de los 70 puntos en el Índice de Percepción si quiere mantener su imagen y su competitividad. En 2017 hemos llegado a los niveles peores en percepción de corrupción desde que los índices se consolidaron metodológicamente.
Como ya indicamos en 2016 las razones de esta evolución tan negativa son múltiples y complejas. Es cierto que, por una parte, los sistemas de investigación policial se han mostrado relativamente eficaces y han permitido el descubrimiento de muy numerosos casos de corrupción, aunque estamos seguros de que la detección es todavía deficiente y numerosos casos han quedado en la impunidad, entre otras cosas por la falta de denuncias, debido a la ausencia de protección a los denunciantes de corrupción.
Por otra parte, las denuncias de los medios de comunicación y el relevante eco social y atención prestada a los casos ahora aflorados han influido intensamente en la percepción ciudadana, generando un estado general de indignación que lleva a que España sea el país de la UE donde más ha crecido la percepción de corrupción en los últimos cinco años; también es cierto que la crisis económica ha incrementado el nivel de exigencia social, y aunque la justicia viene cumpliendo su función con cierto rigor, a pesar de su lentitud, se ha generado desde fines de 2009 un muy alto nivel de alarma social y una sensación de que al final habrá impunidad en los casos relevantes.
Finalmente, aunque el enfriamiento de la economía en el sector urbanístico permite pensar que los casos de corrupción se han reducido en ese ámbito, las constantes irregularidades en la contratación pública, la lentitud de las sanciones penales, la baja intensidad de las penas en casos de corrupción relevante, la expansión de los escándalos a las instituciones clave del Estado, la opacidad y parcialidad en la toma de decisiones que afectan a los grupos de interés más poderosos (banca, energía, telecomunicaciones, etc…) y la percepción de politización en el funcionamiento de la justicia explican bien la tendencia negativa que se mantiene en este Índice. Todo ello en un entorno en el que la desigualdad crece y los esfuerzos de salir de la crisis se distribuyen de forma inequitativa a juicio de la mayoría de la ciudadanía consultada en diversas encuestas.
Por todo ello, como otras encuestas indican también, tenemos que afirmar el fracaso delGobierno español y de la clase política en afrontar el problema de la corrupción y darle respuestas eficaces. Se han tomado numerosas medidas, es cierto, pero su implementación es deficiente en la mayoría de los casos; se avanza, donde se avanza, muy débilmente.
Por fortuna, la ciudadanía española se mantiene firme y es cada vez menos tolerante contra la corrupción; a pesar de percibir la enorme corrupción política existente no está rompiendo las reglas del juego y deteriorando aún más la cultura de la legalidad; también es de destacar el trabajo de cientos de miles de servidoras/es públicos que trabajan con honestidad y mantienen los índices de victimización por corrupción entre los más bajos de Europa: en España casi nunca se pagan sobornos a funcionarios/as por acceder a servicios públicos. También tenemos que destacar la labor de algunos gobiernos autonómicos y locales que están generando normas, procesos y prácticas que ponen límites a la corrupción y que no enumeramos para evitar cualquier posible sesgo u olvido. Pero falta el impulso global, la estrategia colectiva, el proyecto holístico, y en definitiva, una clara voluntad política del Gobierno y de los partidos y grupos parlamentarios para hacer frente de forma definitiva a la corrupción.