La Delegación de Bienestar Social recibió en el anterior mandato, cuando era responsable de la misma el concejal David Valadez, una donación de material geriátrico y ortopédico de la multinacional farmacéutica Orpea valorado aproximadamente en 100.000 euros. La entrega del material fue realizada directamente al propio Valadez por Ángel Rodríguez, imputado en la Operación Malaya, como representante de la mencionada internacional farmacéutica. Igualmente también el Sr. Rodríguez ofreció a Valadez sufragar varias obras de infraestructura de carácter social.
Curiosamente Ángel Rodríguez, con intereses urbanísticos en Estepona, se reunió con David Valadez, como portavoz del PSOE, para que intermediara con la Junta de Andalucía sobre una licencia de obras en unos terrenos calificados como no urbanizables y que gozaban de especial protección, licencia que el POT impedía y donde además el Sr. Rodríguez tenía intereses.
Lo que resulta sorprendente de este caso es que si las donaciones y patrocinios son legales o ilegales no lo sean en la misma medida para todos, y se utilice una doble vara para medir las actuaciones de unos y otros, ya que hay varios empresarios y compañeros de corporación de Valadez imputados por casos similares, curiosamente tras denunciar Valadez y Cristina Rodríguez estas prácticas que paradójicamente ellos también realizaban. Incluso hay un empresario imputado por pagar la luz de una residencia de ancianos, a la que casualmente también fue a parar el material geriátrico donado por Orpea a la Delegación de Bienestar Social de la que era responsable Valadez.
Este asunto ha sido igualmente argumentado por algunas de las defensas en los recursos presentados ante el juzgado de instrucción nº 1 de Estepona, encargado del caso astapa.